Samanco: Suspenden otra vez la audiencia de cese de prisión para 4 regidores
Samanco: Suspenden otra vez la audiencia de cese de prisión para 4 regidores

Los gritos de indignación e impotencia invaden la sala de audiencias. El titular del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Santa, Roma Cruz Avilés, acaba de reprogramar la sesión en la que debía resolver el pedido de cesación de la prisión preventiva de cuatro suspendidos regidores de , quienes son investigados por los crímenes del alcalde Francisco Ariza Espinoza y su asesor legal Henry Aldea Correa. 

Los que gritan son los familiares y amigos de los encarcelados concejales, quienes mediante videoconferencia observan todo lo que ocurre en la sala. Gritan porque consideran injusto que deban esperar más tiempo para saber si sus seres queridos, quienes tienen más de un año en prisión, recuperarán su libertad o no.

AUDIENCIA. La frustrada audiencia estuvo programada para ayer a las nueve de la mañana.

En aquella sesión se debía evaluar el pedido de cese de prisión preventiva planteado por los abogados de Carlos Bedón Pérez, Fanny Medina La Rosa, Noemí Rubina Moreno y Jhonatan Solís Haro, quienes -según la tesis del Ministerio Público- son considerados como autores intelectuales del doble crimen, registrado el 20 de octubre del 2015 en el distrito de Nepeña.

A través de videoconferencia, los cuatro regidores -recluidos en tres penales: Cambio Puente, Piedras Gordas y Santa Mónica- pudieron ver lo que ocurrió la mañana de ayer en la sala de audiencias del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria.

Todo estaba listo para que la sesión se desarrolle hasta que el fiscal adjunto de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Santa, Julio Montoya Abanto, pidió al juez Roma Cruz Avilés una nueva reprogramación de la audiencia.

El representante del Ministerio Público señaló, sin presentar ningún tipo de documento, que de acuerdo a las normas de su institución los casos complejos (también denominados como “emblemáticos”) deben ser atendidos por el fiscal titular. En tal sentido, mencionó que el coordinador de esta fiscalía, Edwin Cipriano Lozano, no pudo asistir debido a que tiene licencia de dos días por encontrarse mal de salud.

“El Reglamento de Funciones de Fiscales Coordinadores considera que los casos emblemáticos deben ser vistos por los fiscales coordinadores”, le dijo Montoya al juez para que acepte su pedido de reprogramación de la audiencia.

Al ser consultados, los abogados de los cuatro regidores se opusieron a la solicitud del fiscal aduciendo que la resolución de su pedido de cese de prisión preventiva se viene retrasando mucho tiempo.

Elevando la voz, los familiares y amigos de los concejales también criticaron el planteamiento de Julio Montoya, quien se encontraba acompañado del abogado de la familia Ariza, Carlos Fernández Beltrán.

DECISIÓN. Tras una rápida evaluación, el juez Roma Cruz decidió aceptar el pedido del representante del Ministerio Público y reprogramó la audiencia para el próximo 3 de febrero a las 9:45 a.m.

No obstante, indicó que pedirá que se investigue a los integrantes de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa para conocer si la justificación para que se reprograme la audiencia fue verdadera.

“Se va a reprogramar esta audiencia sin perjuicio de remitir copias al Órgano de Control Interno del Ministerio Público para que investigue a los tres fiscales Maguín (Arévalo Minchola), Montoya y Cipriano por el motivo de no haber realizado la audiencia, mejor dicho por no haber estado en la audiencia dado que se viene reprogramando continuamente”, precisó el juez.

MALESTAR. Tras conocer la decisión de juez, los parientes de los regidores de Samanco lanzaron duras críticas contra el juez y el fiscal.

Soledad Haro Fernández, madre del regidor Jhonatan Solís, cuestionó que la audiencia se haya tenido que reprogramar por la audiencia del fiscal coordinador.

“Esto es indignante. Yo no sé por qué este señor fiscal no se presenta, por qué lo posterga tanto. Yo lo único que les digo es que no hay pruebas, mi hijo es inocente. El señor fiscal no tiene ninguna calidad de pruebas”, señaló.

La progenitora añadió que es urgente que se decida la libertad de su pariente debido a que él se encuentra internado en el penal de Piedras Gordas, en Lima, bajo un régimen especial.

“Mi hijo está triste. Yo no puedo verlo pues lo han llevado a un régimen cerrado, lo han calificado de tal manera, sin pruebas, sin nada. Yo solo puedo hablar 15 minutos con él por locutorio”, sostuvo.

Por su parte, Fernando Medina Castillo, padre de la regidora Fany Medina, señaló que han recibido información extraoficial de que la ausencia del fiscal Edwin Cipriano en la audiencia de ayer no se debió a problemas de salud, por lo que exigió que se realice una correcta investigación.

“No es justo que por otras razones el fiscal no haya venido a la audiencia (...) Ojalá también lo investiguen a él y, al menos, lo suspendan un mes”, expresó.

Lamentó que debido a que aún no se resuelve la situación legal de su pariente, constantemente deben gastar importantes sumas de dinero para ir a verla al penal Santa Mónica, en Lima.

“Para nosotros económicamente ya no sabemos qué hacer. Tenemos que ir a Lima todas la semanas. Como él (el fiscal) no tiene esos gastos, no le importa. Si fuera un ser humano hubiera venido”, dijo.

RECHAZA. Al respecto, el abogado de la familia Ariza, Carlos Fernández -quien a la salida de la frustrada sesión fue atemorizado por los parientes de los regidores-, mencionó que la postergación de la audiencia no es responsabilidad exclusiva del Ministerio Público.

“Esta es la primera vez que el Ministerio Público solicita una aplazamiento. En dos oportunidades se ha aplazado la audiencia: una porque no había contacto con los penales para que hagan su defensa material los que están con prisión preventiva y en otra oportunidad fue la huelga del Poder Judicial. No es un aplazamiento para dilatar el tiempo por parte de la Fiscalía”, consideró.

Finalmente, el letrado señaló que los argumentos presentados por los abogados de los regidores no justificarían el cese de la prisión preventiva.

“He analizado los escritos de los abogados y no he encontrado ningún elemento nuevo que desvirtúe la hipótesis que se ha señalizado para la prisión preventiva”, opinó. 

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