Testimonio hunde a César Álvarez en caso Odebrecht

Como un disparo al aire o un salto al vacio consideraban, en un primer momento, los funcionarios de la empresa Odebrecht hacerse cargo de la ejecución de la carretera Carhuaz-Chacas-San Luis, en la sierra de Áncash, debido a que asumir un millonario proyecto de estas características les podría generar problemas por la lentitud y las trabas burocráticas que existe en la gestión pública para entregar las primeras partidas de dinero o aprobar ampliaciones de plazo. 

No obstante, el temor para hacerse cargo de la obra quedó de lado tras los ofrecimientos de representantes del Gobierno Regional de Áncash (GRA), presuntamente bajo las órdenes del entonces gobernador César Álvarez Aguilar, quienes aseguraron que no solo les entregarían la buena pro del proyecto sino que también se comprometían a aceptar todas las solicitudes que hiciera la empresa para la ejecución de los trabajos. Y así fue: poco después de firmar el contrato, el GRA entregó el 60% del valor de la obra a la constructora brasileña. A cambio, según el acuerdo ilícito, la empresa debía pagar una coima de 2.5% de lo que costaba el proyecto, es decir 2 millones 600 mil dólares.

TESTIMONIO

Vale precisar que esta es la tercera persona que declara en los últimos días por este proceso. Antes hicieron lo mismo el testigo protegido 01-2017 y el colaborador eficaz 03-2017, mediante videoconferencia desde Brasil.

Al igual que sus antecesores, el colaborador eficaz 02-2017, quien habló desde el Perú, contó ante el despacho de la jueza Nayko Coronado, del Primer Juzgado Nacional Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, cómo los funcionarios de Odebrecht ganaron la licitación de la obra, cuyo costo final fue de 550 millones de soles.

Ante las preguntas de la Fiscalía, el colaborador cuenta que el primer semestre del 2009, Ricardo Paredes, quien terminó siendo el responsable del proyecto Chacas-San Luis, y Raymundo Serra, exfuncionario de Odebrecht, viajaron a Áncash para ver el lugar donde se pensaba construir la carretera. Para ello, los acompañaba Dirsse Valverde, el presunto nexo entre la empresa y César Álvarez, para realizar un reconocimiento técnico. Luego, en Lima, Paredes le dice a Serra que ejecutar una obra de este tipo no era viable para Odebrecht; opinión que este último comparte.

“(Paredes consideró que) ganar la licitación de esta carretera significaría un disparo al aire o un salto al vacio por toda la incertidumbre que podría haber con respecto a la necesidad de tramitación y adicionales (...) La conclusión que le dio fue que ganar la buena pro de una obra de este tipo no era interesante y no era viable para la empresa”, contó el colaborador.

ACUERDO

“En septiembre de 2010, Paredes es llamado a la oficina de Serra donde le hace una segunda presentación de Dirsse Valverde; sin embargo, esta vez ya lo presenta indicando que el representante designado por el señor César Álvarez, para los efectos del acuerdo ilícito del pago del 2.5% por parte de Odebrech y que ellos garantizaban la ejecución de la buena pro y la ejecución exitosa del contrato”, detalló el colaborador.

En diciembre de aquel año, agrega el colaborador, se adjudica la obra y se firma el contrato, esto en un hotel de Huaraz. Tras ello, Ricardo Paredes presenta la solicitud del otorgamiento del adelanto de materiales. Es así que, previa coordinación con Dirsse Valverde, los primeros días de enero del 2011, en una cafetería de Lima, una persona enviada por los funcionarios del GRA le entrega a Paredes los cheques del adelanto de dinero. Se entregó 80 millones por adelanto directo y 155 por adelanto de materiales, es decir aproximadamente el 60% del valor inicial de la obra, sin que Odebrecht haya iniciado los trabajos.

“Causó satisfacción a los funcionarios porque este nivel de liquidez al inicio del año fue inusual e importante para la empresa Odebrecht”, dijo el colaborador.

OTROS CASOS

Estas declaraciones fueron obtenidas en el caso La Centralita, que se encuentra en etapa de control de acusación. Ahora servirán, por ejemplo, en el juicio que se sigue a Álvarez por la sobrevaloración del expediente técnico del Proyecto Especial Chinecas, que se otorgó al consorcio SISA por más de 5 millones de soles.