Transportistas dispuestos a ir a la vía judicial para solicitar indemnización

Las reacciones tras la presunta concertación de precios del Gas Licuado de Petróleo (GLP) que, según el Indecopi, habrían efectuado 16 empresas en Chimbote y Nuevo Chimbote, durante los años 2012 al 2014; no se detienen.

Los agraviados directos, en este caso los transportistas, al igual que los usuarios, coincidieron en señalar que aguardarán la confirmación de la resolución de sanción a estas empresas, para solicitar resarcimientos económicos por la presunto concertación.

Ello resulta todo un reto, teniendo en cuenta que hasta el momento en nuestro país, no existe jurisprudencia de algún caso similar, en donde haya tanta complejidad para acreditar y cuantificar a los afectados.

TRANSPORTISTAS. El dirigente de la Asociación Fondo Central de Transportistas de la Provincia del Santa (Afocentrapsa), Líder Saavedra Paredes, anunció que tras una reunión con los gerentes de por lo menos 25 empresas, de las 47 que agrupa este frente, se tomó la decisión de solicitar, vía judicial, la devolución del dinero.

Según el Indecopi el perjuicio causado a los hombres del volante por la concertación de precios, es de más de 4 millones de soles.

“Nos hemos reunido un centenar de transportistas, incluidos algunos gerentes de la empresas de transporte de la ciudad. El acuerdo principal es que vamos acopiar toda la información de los transportistas, a fin de que podamos, una vez consentida la resolución de Indecopi con la multa a los 16 grifos que se habrían aprovechado de una manera irregular, concertando precios; para que podamos pedir la devolución de esos más de 4 millones de soles que nosotros creemos que es mucho más, a fin de que se pueda resarcir el daño a nuestros hermanos transportistas”, anunció.

Sobre cómo harán para acreditar a los transportistas que fueron afectados, dijo que “hay mecanismos que se van a implementar” y que se asesorarán de manera técnica. Sin embargo, adelantó que una salida podría ser la tarjeta de circulación del año y los mismos comprobantes de combustible, así como la licencia de conducir durante el período de la presunta concertación.

“La forma y el modo ya se verá en su momento, lo importante es que ya existe una resolución que esclarece el tema de la concertación de precios durante esos años, pero como lo hemos dicho, pedimos a Indecopi que no descuide el tema de la fiscalización, porque para nosotros aún continuaría (la concertación)”, mencionó Saavedra Paredes.

LOS USUARIOS. Si bien los transportistas son los afectados directos con la presunta concertación de precios, se debe recordar que al final, los usuarios pagaron los platos rotos, ya que ante los altos precios del combustible, casi todos los colectivos fijaron una nueva tarifa de transporte urbano, que en su gran mayoría era un incremento de 0.30 céntimos.

La Asociación de Consumidores y Usuarios de la Región Áncash (Acurea), sostiene que los usuarios, es decir los ciudadanos, también merecen ser resarcidos económicamente ante esta presunta concertación.

El presidente encargado de Acurea, Hugo Carbajal, anunció que, una vez confirmada la resolución de sanción del Indecopi, interpondrán una demanda judicial, solicitando indemnizaciones para los usuarios que se consideren afectados.

“De confirmarse esta resolución de primera instancia, nosotros podemos demandar judicialmente la indemnización para los consumidores perjudicados por los intereses difusos, en el Poder Judicial. Solamente pueden hacer este tipo de acciones las asociaciones de consumidores”, explicó.

Reconoció que en el marco legal nacional, cuantificar el perjuicio a los usuarios por esta presunta concertación, es “inédito”, no obstante señaló que se podría recurrir a una jurisprudencia internacional.

Dijo que el cobro del posible monto de indemnización sería efectuado por Acurea, pero esta entidad tendría que hacer el reparto entre los usuarios.

SE REAFIRMAN. Tras el escándalo por sus revelaciones, el Indecopi se ha reafirmado en su acusación sobre la conformación de un “cártel” por parte de 16 empresas de transportes en Chimbote.

El secretario técnico de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Indecopi, Jesús Espinoza Lozano, dijo que los correos - que ellos señalan como indicios reveladores - han sido analizados con técnicas de la tecnología forense y software “que garantizan que la documentación no puede alterarse”.

En declaraciones a Radio Santo Domingo, el funcionario aseveró que cuando se les notificaron la imputación de cargos, ninguna de las empresas negaron la veracidad de los correos electrónicos.

“No negaron (las empresas) la veracidad de losa correos electrónicos cuando se les notificó la imputación de cargos, recién luego de avanzados los procesos, Chimbote Corp y (grifos) Casuarinas, negaron que una de las cuentas electrónicas les pertenecieran”, detalló.