El polémico acuerdo del Consejo Regional de Áncash, tomado durante la gestión de Waldo Río Salcedo, de transferir 1,040 hectáreas del Proyecto Especial Chinecas a la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) a fin de que sean habilitados para otros fines, como vivienda; ya es investigado por el Ministerio Público.

INVESTIGADOS. La investigación está a cargo del titular de la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Áncash, Guillermo Lizarzaburu Palma. La carpeta asignada al caso es la 1064-2017 y la disposición fiscal de inicio de la investigación preliminar fue emitida el 6 de marzo de este año, sin embargo a inicio de mayo, se proyectó un nuevo documento de ampliación del plazo de la pesquisa por sesenta días más.

Tienen la calidad de investigados en este caso el suspendido gobernador regional, Waldo Ríos Salcedo, la exgerente del Proyecto Especial Chinecas, Cony Nair Barrueto Naupari y el exprocurador del Gobierno Regional de Áncash, Oswaldo López Arroyo.

Junto a ellos, la Fiscalía también tiene como investigados a trece consejero regionales que son: Magaly Roldán Camones de la provincia de Aija, Pedro Reyes Reyes de Carhuaz, Yolanda Bueno Gamarra de Casma, Ricardo Oqueña Moreno de Corongo, Félix Aranda Córdova y María Marchena Valdivieso ambos de Huaylas.

También figuran en la lista de investigados, los consejeros Hemenegildo Morillo Alejos de Sihuas, Julián Huaranca Pocohuanca de Yungay, Benito De La Cruz Asencio de Antonio Raimondi, Leoncio Espinoza Aguirre de Carlos Fermín Fitzcarrald, Eduardo Bello Maquin de Asunción, Pablo Colonia Valerio de Carhuaz y el ahora exconsejero regional por la provincia de Huaraz, Ángel Durán.

A todos ellos se suma el alcalde del distrito de Nuevo Chimbote, Valentín Fernández Bazán.

PESQUISA. La investigación preliminar que viene desarrollando la Fiscalía contra estas 17 personas tiene su origen en una denuncia que presentó el congresista Carlos Domínguez Herrera, quien los acusa de los presuntos delitos de abuso de autoridad y usurpación agravada en agravio de Chinecas.

El escrito del parlamentario Domínguez fue enviado directamente al despacho del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, quien a su vez dispuso que el caso retorne a la fiscalía de Huaraz para que se hagan las indagaciones preliminares y determinar si existió o no la comisión de los delitos que advierte el fujimorista.

La denuncia de Domínguez da cuenta, en primer término, de la sesión ordinaria descentralizada del 2 de junio de 2016 que el Consejo Regional de Áncash realizó en Chimbote y en donde se decidió conformar una comisión especial para la evaluación de solicitudes de tierras por parte de las familias que ocupan las 308 y 217 hectáreas del proyecto irrigador.

En la disposición fiscal se detalla que el 20 de agosto del año pasado, el denunciado Waldo Ríos junto a un grupo de consejeros regionales improvisaron “un mitin” en la sede del Proyecto Chinecas con la presencia de algunos de los invasores que iban a ser beneficiados con las tierras. Se califica la actitud de Ríos como “prepotente” y que “configuraría el delito de abuso de autoridad” porque habría presionado y llevado a los consejeros a desconocer sus funciones.

También hace mención a la sesión del directorio de Chinecas del 5 de setiembre del año pasado, en el que se da luz verde a la transferencia de las tierras de Chinecas con el voto de Ríos Salcedo.

Como se sabe, luego el 15 de setiembre en una sesión en Huaraz, con el voto de 13 consejeros se aprobó la polémica transferencia de las tierras a la SBN a fin de que posteriormente puedan ser empleadas para vivienda 217 y 308 hectáreas en Nuevo Chimbote y otras 325 hectáreas para el mismo fin en la provincia de Casma.

Asimismo, también se establecía que 118 hectáreas sean donadas para la construcción de un relleno sanitario en Chimbote y otras 72 para una planta de tratamiento para el distrito de Nuevo Chimbote.

El cuestionamiento principal de la denuncia es que las tierras de Chinecas tienen una finalidad determinada y reglamentada en una ley de intangibilidad. Asimismo, se advierten presuntas irregularidades en los pasos que se siguieron para aprobar la transferencia.

Como es público, quienes han mostrado su oposición a la transferencia de las tierras cuestionan que en realidad no todas las familias tienen necesidad de vivienda y además advierten una “mutilación” a la tierras del proyecto, lo cual afectaría su futuro desarrollo.

DILIGENCIAS. Al respecto, en breve diálogo con Correo el fiscal Guillermo Lizarzaburu confirmó que se encuentra al frente de las investigaciones y anunció como primeras diligencias citar a los 13 consejeros regionales que votaron a favor del acuerdo de consejo para transferir las tierras.

“Estamos preparando las citaciones para recoger las declaraciones de los consejeros. La investigación preliminar se ha extendido por 60 días, lo que hace un total de 120 días, luego de ese plazo, tendré que emitir mi pronunciamiento”, señaló.

Además de ello, la Fiscalía cursará documentos al Gobierno Regional de Áncash para que remita toda la información referente al acuerdo.

También se pedirá un informe a la SBN a fin de que de cuenta si se ha remitido el acuerdo de consejo regional donde se dispone la transferencia de las 1,040 hectáreas de Chinecas.

La Fiscalía de Huaraz remitirá también un exhorto al despacho del congresista Domínguez, con un pliego de interrogatorios en torno a su denuncia.

Lizarzaburu adelantó que también será necesario recoger el testimonio de Waldo Ríos, por lo que se programará una diligencia en el penal Víctor Pérez Liendo, donde cumple la condena de 5 años de cárcel por colusión desleal.