La presidenta de la Corte Superior de Justicia del Cusco, magistrada Elizabeth Grossmann, sostuvo una reunión interinstitucional de trabajo con el Dr. Julio Espinoza la Torre, director Regional de Salud Cusco, a fin de arribar a acuerdos que coadyuven en la implementación de la Ley N° 30364 “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del Grupo Familiar”.
Los acuerdos previos se basan en el cumplimiento del Art. 26 de la referida Ley, con respecto al contenido de los certificados médicos e informes que expidan los médicos de los establecimientos públicos de salud de los diferentes sectores e instituciones del Estado y niveles de gobierno.
Al respecto la primera autoridad judicial del Cusco, Grossmann Casas, señaló: “Se tiene que capacitar a los médicos de todas las provincias del MINSA, a efectos que ellos estén en condiciones de hacer las evaluación y puedan diagnosticar a las victimas de agresión. Nuestra intención es ir generando mayores niveles de atención a estas personas y prever también las medida de protección con tratamientos para que no se vuelva a repetir estos actos de violencia”.
Añadió, que con el fin de unificar criterios de evaluación y aplicar protocolos y procedimientos de atención, las capacitaciones serán ofrecidas a fines del mes de febrero e inicios de marzo, por los médicos legistas del Ministerio Público.
Cabe mencionar, que los certificados expedidos por los centros de salud parroquiales y los establecimientos privados cuyo funcionamiento se encuentren autorizados por el Ministerio de Salud, así como los informes psicológicos de los Centros Emergencia Mujer y otros servicios estatales especializados también tendrán valor probatorio del estado de salud física y mental de la víctima en los procesos antes mencionados, los cuales deben ser acordes con los parámetros médico-legales del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Cusco: Poder Judicial y Ministerio de Salud se unen para erradicar la violencia contra la mujer
Médicos emitirán certificados de salud física y mental a victimas por violencia familiar, los que tendrán valor probatorio en los procesos judiciales