Fiscalía Anticorrupción investigará a funcionarios de la Sunedu por perjuicio a universidad

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Abancay, deberá iniciar en breve investigación preliminar contra los funcionarios de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU) por los presuntos delitos de corrupción de funcionarios y tráfico de influencias en perjuicio de la Universidad Nacional Micaela Bastidas Apurímac (UNAMBA).

Esta decisión es en mérito al oficio N° 7530-2016-MP-FP-SEGFIN firmado por el secretario general de la Fiscalía de la Nación, Javier Palomino Sedó, que pone de conocimiento de lo actuado al presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Apurimac, Wilber Aguilar Vega, para el inicio de las acciones respectivas.

La solicitud fue presentada por el presidente de la comisión organizadora de la UNAMBA, Israel Hernández García, quien se encuentra al frente de esta universidad por mandato judicial a raíz de una medida cautelar vigente.

Como se recuerda, los principales funcionarios de la SUNEDU avalaron con documentos simples la designación de un rector interino, Adolfo Prado Cárdenas, quien fue procesado y sentenciado por presentar título de grado falso en la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa.

De acuerdo al mismo oficio, el expediente con toda la información que sustenta las denuncias contra los funcionarios de la SUNEDU, entre los cuales se encuentra Lorena Masías, fue remitido a la coordinación nacional de las fiscalías especializadas para su traslado a la región que corresponde, en este caso, Apurímac.

De otro lado, el procurador de la SUNEDU, Mac Donald Rodríguez Sánchez, otro de los funcionarios responsables del recrudecimiento de la crisis interna de la universidad, enfrenta un proceso administrativo disciplinario por inconducta funcional a raíz de sus escritos contradictorios y vulnerando el “principio de responsabilidad”

Esta última decisión fue tomada por el pleno del Tribunal Sancionador del Consejo de Defensa Jurídica del Estado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de acuerdo a la Resolución N° 182-2016-SDJE-TS del 26 de agosto del año en curso.