Ingobernabilidad retorna a Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac

Sin salida. La crisis institucional de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac (Unamba) continúa agudizándose ante la resistencia de un sector de docentes que no quieren perder el control de esta casa superior de estudios, encabezados por el rector encargado Adolfo Prado Vargas y cuya designación interina por 90 días concluyó en octubre del año pasado.

Asimismo, de nada valió que la superintendente de la Sunedu, Lorena Masías, esté presente en la audiencia pública recientemente convocada por el congresista Dalmiro Palomino, quién en vez de poner paños fríos a esta situación, dejó abierta las puertas para que nuevamente se propicien los desequilibrios internos alentados por los docentes Mauro Huayapa, Hilda Huayhua y Gladys Echegaray.

Mientras que al frente de ellos, Leoncio Carnero, Percy Puga, Amilcar Pinto y otros más volvieron a sustentar la pertinencia de mantener la institucionalidad por encima de los intereses personales y de grupo sin mayor éxito.

A raíz de esta situación, la posibilidad de llegar a un acuerdo como se intentó en el acta de entendimiento y compromiso firmada en Lima el 12 de enero entre todas las partes volvió a fojas cero, la procesión de la ingobernabilidad continua por dentro.

Se esperaba también que la titular de la Sunedu se pronuncie sobre la situación que se encuentra el actual rector encargado (Prado Vargas), toda vez que sus funciones concluyeron en octubre del 2016, sin embargo, tampoco lo hizo.

Al día de hoy debido a la falta de decisión de los funcionarios de la superintendencia, esta casa superior tiene dos rectores y dos asambleas (estatutaria y universitaria) y un comité electoral atado de pies y manos. El congresista Dalmiro Palomino retornó a la ciudad de Lima con un amargo sabor en la boca, su esfuerzo por ayudar a estabilizar la Unamba también fue infructuoso.

¿Intervención a la vista? En contacto telefónico con el legislador apurimeño, este indicó que sostendrá una reunión de trabajo los próximos días con el propósito de elaborar una iniciativa legislativa (proyecto de ley) que contemple la posibilidad de intervenirla mediante una comisión interventora por decisión del Congreso, antes de llegar a su receso.

Para ello explicó, ésta iniciativa recorrerá por dos caminos: la presentación del pedido de intervención ante la junta de portavoces del Congreso de la República; y posteriormente, en la Comisión de Educación cuando se instale la legislatura ordinaria del presente año.

Se espera, además, que en el proyecto de ley se acuerde la realización de una auditoria económica y académica período 2015 – 2016, e incorpore a la Contraloría General de la República y Fiscalía Anticorrupción en la referida comisión para las acciones de su competencia.