23 funcionarios de Huancavelica están inhabilitados para laborar en el Estado

En los primeros cuatro meses del año (de enero a abril de 2018), la Contraloría General de la República sancionó administrativamente a 468 funcionarios y servidores públicos por incurrir en faltas graves o muy graves durante el ejercicio de sus funciones, por lo que están impedidos de trabajar en el Estado.

De acuerdo a la gravedad de las infracciones, los funcionarios o servidores públicos fueron suspendidos de 30 a 360 días o inhabilitados para ejercer la función pública de 1 a 5 años.

Del total de sancionados administrativamente, 153 sanciones quedaron consentidas en primera instancia, es decir, no fueron apeladas por los sancionados; y 315 fueron confirmadas en segunda instancia por el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas (TSRA).

Las regiones que concentran el mayor número de funcionarios y servidores sanciones son Lima (85), Cajamarca (50), Lambayeque (46), Tumbes (30), La Libertad (25) seguido de Huancavelica (23).

La lista de los inhabilitados inicia con el actual alcalde de Acobamba, Alvar Capcha Ortiz, quien fue sancionado a 3 años de inhabilitación del ejercicio de la función pública, la cual deberá cumplir desde este año hasta el 2021.

Otros que también sancionó la Contraloría por 3 años son: Ulises Vidal Cuba Zamudio (del 2017 al 2020), María Justa Guzmán Valenzuela (del 2017 al 2020, Julissa Yomaira Zorrilla Ruiz (del 2017 al 2020), Guillermo Germán Castro Núñez (del 2017 al 2020), Edgar Escobar Tenorio (del 2018 al 2021), Peter Juvenal Zambrano Pedroza (del 2017 al 2020), Lucio Espinoza Ccencho (del 2018 al 2021) y Edgar Alfredo Huamán Gamarra (del 2018 al 2021).

José Ccanto Ccahuana (del 2017 al 2021) y Judith Roxana Vergara Conislla (del 2018 al 2022), fueron sancionados con 4 años de inhabilitación.

Son 12 las personas sancionadas a menos de 3 años: Miguel Aleksie Castro Cayllahua, Edwin Benjamin Alanya Miranda, Rude Edgar Torres Medina, Gustavo Alejandro Calderón Vergara, Carlos Aurelio Canto Quispe, Yartuhim Paolo Rodríguez Huachua, Rodolfo Walde Quispe, Miguel Ángel Ccente Aliaga, Hugo Yuver Almonacid Acevedo, Charles Álvarez Camargo, Bovier Gustavo Lapierre Paredes y Freddy Ruiz Apacclla.

Transparencia. Las sanciones de suspensión e inhabilitación son inscritas en el registro de sancionados de SERVIR y publicadas en el renovado portal web de la Contraloríawww.contraloria.gob.pe, como parte de su política de transparencia y acceso a la información. Para acceder a la lista debe dar click al botón “Participación Ciudadana”, luego dirigir el cursor a la sección “Conoce nuestra facultad sancionadora” y ubicar en el lado izquierdo “Registro de sancionados”.

También puede hacer consultas sobre sanciones inscritas y cumplidas en el año 2017

Autoridades electas por voto popular. Con la nueva Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General y del Sistema Nacional de Control, vigente desde el 29 de marzo de 2018, las autoridades electas que incurran en alguna acción u omisión considerada como infracción grave o muy grave podrán ser procesados en el Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) y ser pasibles de sanciones de suspensión y/o inhabilitación, según corresponda.

Procedimiento sancionador. El procedimiento sancionador tiene dos instancias que cuentan con autonomía técnica:

• La primera instancia está a cargo de la Contraloría e integrada por el Órgano Instructor que realiza las investigaciones, propone las infracciones y sanciones; y un Órgano Sancionador que impone o desestima las sanciones propuestas.
• La segunda instancia a cargo del TSRA, órgano colegiado adscrito a la Contraloría General, resuelve en última instancia las apelaciones presentadas por los servidores y funcionarios públicos.