Más que llegar a un acuerdo, la reunión de trabajo terminó siendo un “lavadero de manos”, tanto por parte de la empresa China Railway Tunnel Group - CRTG (empresa que ejecuta la obra vial que une Huancavelica, Yauli y Paucará), como del Gobierno Regional de Huancavelica (GRH).

Mientras que por parte de la empresa, el abogado Álvaro Román informaba sobre una medida cautelar que impedía la nulidad del contrato hasta no se haya verificado que el certificado sea falso y que debían ir a arbitraje; el gobernador Maciste Díaz y los funcionarios del GRH manifestaban que existe una investigación fiscal sobre el caso del documento falso.

En la reunión, el representante de la empresa afirmaba que la solución más rápida sería que el GRH respete la medida cautelar para que se reinicie la obra.

Sin embargo, la autoridad regional afirmaba que no pueden pasar por alto el resultado de control posterior y que, la salida más rápida del problema sería que la empresa entregue el documento original para que sea peritado.

Asimismo, los funcionarios del GRH, como el gerente general regional de Huancavelica, Héctor Riveros, respaldaban las palabras del gobernador y también insistían a la empresa que entregue el documento original.

A tanta insistencia, el abogado de la empresa expresó que enviarán un documento sobre este pedido (ojo, que no dijo que daría el original, sino que les enviaría un documento), no obstante, el letrado de CRTG expresó su animó al saber que el GRH no descarta ir a arbitraje.

Al final de esta parte, la población yaulina, que es la más afectada, aún no sabía si la obra se reiniciaría o no.

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OBRA PARALIZADA POR DOCUMENTO CUESTIONABLE

Luego de esto, el director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras del GRH, Arturo Mattos, afirmó que el GRH va a exceptuar el corte de obra.

“El día de mañana (hoy) va hacer el inicio de la concertación física, y vamos a ver el avance físico en el que está quedando la obra. Paralelamente, se ha elaborado, para su intervención, el trabajo de mantenimiento y verificación, en el que también puede ser parte la población”, dijo el funcionario.

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Acotó: “Estamos dentro de un tema legal que debe ser resuelto. No es por que haya problemas en la ejecución de la obra”.