Desde la Defensoría del Pueblo de Huancavelica instan a varias Unidades de Gestión Educativa Local (UGELs) de la región, adoptar las acciones necesarias para fortalecer las Comisiones Permanentes de Procesos Administrativos Disciplinarios (CPPAD).

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Dichas unidades son las encargadas de sancionar a docentes que hayan incurrido en faltas graves y muy graves en el ejercicio de sus funciones, además de optimizar el acceso al sistema digital, donde deben estar registrados todos los actos de la investigación, permitiendo llevar un control de plazos administrativos para evitar su prescripción.

DEFENSORÍA REALIZA SUPERVISIÓN A LAS OCHO UGELES Y ENCUENTRA FALECIAS

La referida institución realizó una supervisión a las ocho Ugeles de Huancavelica, en donde encontraron falencias.

La falencia principal es la conformación y funcionamiento de las CPPAD, que son las encargadas de realizar las investigaciones respecto a las denuncias presentadas contra el personal en las instituciones educativas, y si fuera el caso, imponer sanciones.

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Otro problema es el ineficiente o nulo acceso al Sistema Informático de Monitoreo de Expedientes (SIMEX), que tiene entre sus funciones el mantener información actualizada correspondiente a la tramitación de los procesos administrativos disciplinarios.

En la UGEL Huancavelica, el especialista informó que el año pasado tuvieron seis investigaciones, de las cuales, un tercio era por violencia sexual contra estudiantes.

En este año, la UGEL de la capital de región ya suma cuatro investigaciones administrativas, de las cuales una es por violencia sexual contra un estudiante.

Sin embargo, lo peor es que ninguna está registrada en el SIMEX.

En la UGEL Surcubamba, se constató que la CPPAD, al momento de la supervisión no tenía secretario técnico, y tras la intervención defensorial, lo designaron.

Durante el año 2020 en dicha UGEL sólo tuvieron 2 investigaciones administrativas, una de ellas por tocamientos indebidos; y en el 2021 ya suman 21 investigaciones, todas por la presunta recepción de canastas de víveres destinadas a población vulnerable.

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De la misma manera, en la UGEL Tayacaja, evidenciaron que la CPPAD no tiene acceso al SIMEX, tampoco cuenta con administrador ni registrador; lo que trae como consecuencia que a la fecha ninguna investigación del año 2020 y 2021 esté registrada.

Este hecho también se puede confirmar en las ugeles de Churcampa y Huaytará.

Asimismo, en Angaraes, su UGEL tiene problemas en la elección del representante de docentes para la CPPAD, los miembros de la anterior comisión se quedaron en sus funciones.

De otro lado, en la UGEL Castrovirreyna, la misma persona es administradora y registradora del SIMEX, agravando la situación que no ha recibido ninguna capacitación en el sistema, lo que origina que no haya ninguna investigación registrada.

Este mismo problema existe en la UGEL de Acobamba, donde también, por el recorte presupuestal, registraron problemas para designar al secretario técnico de la CPPAD, hecho que se agravó por el constante cambio de personal.

La falta de presupuesto también afecta a la UGEL Churcampa, que hasta la fecha no cuenta con su CPPAD.

Desde la Defensoría del Pueblo informan que estas deficiencias administrativas retrasan el trámite a las denuncias, la falta de implementación de medidas de protección a favor de las víctimas y la imposición de medidas disciplinarias.

Finalmente, desde la Defensoría del Pueblo de Huancavelica afirman que la no implementación de estos mecanismos genera impunidad y prescripción de las denuncias en perjuicio de las víctimas.