Por presunto uso indebido de maquinaria, exalcalde deberá defenderse en juicio

​Fiscal pide 2 años de inhabilitación. Peculado de uso habría suscitado en marzo del 2017 en Quichuas
Por presunto uso indebido de maquinaria, exalcalde deberá defenderse en juicio

Por presunto uso indebido de maquinaria, exalcalde deberá defenderse en juicio

10 de Enero del 2019 - 09:20 » Textos: Walter Tupia » Fotos: Correo

El exalcalde de la Municipalidad Distrital de Quichuas (provincia de Tayacaja) deberá afrontar un juicio oral en la Corte Superior de Justicia de Huancavelica. Esto debido a que está siendo investigado por un presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado de uso.

La Fiscalía está solicitando dos años de pena al igual que la inhabilitación del ejercicio de la función pública.

CASO. La acusación fiscal se basa en los hechos suscitados en marzo del año pasado.

El Ministerio Público de Huancavelica atribuye a José Quispe Pérez, que siendo alcalde de Quichuas el año pasado, haya autorizado a Marcial Chávez Romaní que use un tractor sobre orugas (marca Caterpillar, modelo D6TXL, año de fabricación 2016, Serie: GCT02586) sin que tenga un contrato formal con la Municipalidad Distrital de Quichuas (MDQ).

La Fiscalía argumenta que el exburgomaestre ordenó el uso de la maquinaria para que Chávez realice los trabajos de apertura de trocha carrozable en el caserío de Islapampa,

del centro poblado de Coica, a fin que tenga acceso a sus campos agrícolas (chacras).

Chávez informó a la Fiscalía que el exalcalde fue quien se comprometió a aperturar dicha trocha en consideración a la colaboración recibida, de parte del agricultor a la campaña (electoral) de Quispe.

A JUICIO ORAL. En la última audiencia, el magistrado del 2° Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancavelica, Omar Ramírez, resolvió que existen suficientes elementos de convicción y elevó el caso a juicio oral.

Cabe señalar que durante las audiencias, tanto la defensa técnica como el imputado alegaba inocencia.

Por su parte, la Fiscalía está solicitando 2 años de pena privativa de la libertad y 2 años de inhabilitación del ejercicio de la función pública.

Asimismo, el Ministerio Público está pidiendo 240 días multas, lo cual asciende a 1700 soles a favor del Estado.

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