Tras una asamblea realizada ayer en Huancayo y La Oroya, la Asociación de Acreedores Laborales y Jubilados de Doe Run Perú acordó exigir una auditoría externa a los periodos 2022 y 2023 del proceso de liquidación.

Edgar Beltrán, acreedor, denunció un trato discriminatorio: mientras un grupo cobró hasta el 75 % de sus acreencias, otros no recibieron nada.

“Mil trabajadores, de los 3 mil 500 no han recibido nada, cero soles. Esa fue gestión del liquidador, involucrado con instituciones del Estado”, enfatizó el extrabajador. Los acreedores denuncian presuntas irregularidades, que deberán ser aclaradas tras la auditoría.

“No han respetado el convenio de liquidación, el dinero no ha sido distribuido proporcionalmente para todos. Han hecho lo que querían”, enfatizó Beltrán. Tras 15 años del estallido del caso Doe Run, más de 3 mil trabajadores aún exigen el pago de sus deudas laborales.