El gerente regional de control, Víctor Lizárraga, expuso ante el Consejo Regional de Junín un patrón reiterado en el comportamiento de empresas contratistas que ejecutan obras para el Gobierno Regional, el cual estaría generando riesgos de perjuicio económico y afectando la calidad de los proyectos.

Según detalló, las empresas aceptan contratos aun cuando los expedientes técnicos presentan deficiencias. Aprovechan estas fallas para posteriormente solicitar adicionales de obra y ampliaciones de plazo.

“Este mecanismo -indicó- se ha convertido en una práctica recurrente que incide directamente en el incremento de costos y retrasos”.

A este patrón se suma la inclusión de componentes sin sustento técnico y el cobro por corregir errores que incluso son atribuibles a los propios contratistas o a gestiones anteriores. Asimismo, se ha detectado la ausencia de personal clave en obra, como residentes y supervisores, lo que permite la aprobación de valorizaciones por metrados no ejecutados.

Lizárraga también advirtió que algunas empresas continúan operando con contratos o adendas vencidas, ejecutando trabajos sin control técnico adecuado. Además, existe una demora en los procesos administrativos para la aprobación de ampliaciones, lo que genera mayores gastos generales y compromete recursos público

Estos patrones han sido evidenciados en obras emblemáticas de la región, como el colegio Mariscal Castilla, el Hospital El Carmen y el hospital de Satipo (Igarakaki), donde incluso se han determinado responsabilidades administrativas y penales.

Entre 2023 y 2025, la Contraloría identificó 558 situaciones adversas en obras bajo control concurrente. Sin embargo, solo 71 fueron corregidas, mientras que la mayoría permanece sin acciones, evidenciando falta de respuesta del GRJ.