Contraloría inhabilita a 9 funcionarios y servidores públicos por incurrir en faltas graves

En la región Junín, 9 funcionarios y servidores públicos han sido sancionados administrativamente por incurrir en faltas graves o muy graves durante el ejercicio de sus funciones, por lo que están impedidos de trabajar en el Estado, informó la Contraloría General de la República. A nivel nacional son 468.

SITUACIÓN. Es el registro de los primeros cuatro meses del año (de enero a abril de 2018); asimismo la institución reveló que del total de sancionados administrativamente, 153 sanciones quedaron consentidas en primera instancia, es decir, no fueron apeladas por los sancionados; y 315 fueron confirmadas en segunda instancia por el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas (TSRA).

En ese sentido, la Contraloría General, refirió que en la jurisdicción los inhabilitados son: por 2 años fueron inhabilitados, Genaro Nazario (Municipalidad Distrital de Pangoa), Edgar Ravelo y Quenin Rocca (Municipalidad Distrital de Pichanaki) y Rafael Quispe (Municipalidad Distrital de San Ramón).

Por tres años están inhabilitados, Kety Quispe (Municipalidad Provincial de Jauja), Luis Osores (Gobierno Regional de Junín), Luis Quintana (Municipalidad Provincial de Satipo), Tony Mucha (Municipalidad Provincial de Jauja) y Jorge de la Cruz (Municipalidad Distrital de San Jerónimo de Tunán).

Es importante resaltar que los titulares de las entidades públicas del país deben ejecutar de manera inmediata las resoluciones que emita la Contraloría General y el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, contra los funcionarios y servidores públicos que hayan sido sancionados administrativamente.

Además, que la responsabilidad administrativa funcional es independiente de las responsabilidades penales o civiles que pudieran establecerse contra los funcionarios o servidores por los mismos hechos.

PROCESO. Son dos instancias que cuentan con autonomía técnica: la primera instancia está a cargo de la Contraloría e integrada por el Órgano Instructor que realiza las investigaciones, propone las infracciones y sanciones; y un Órgano Sancionador que impone o desestima las sanciones propuestas. Y la segunda instancia a cargo del TSRA, órgano colegiado adscrito a la Contraloría General, resuelve en última instancia las apelaciones presentadas por los servidores y funcionarios de los diversos sectores.