Cuatro de los siete candidatos a la gobernación regional de Junín, llegan a la carrera electoral con sentencias declaradas. Son ocho decisiones judiciales consignadas en sus hojas de vida y antecedentes que van desde obligaciones alimentarias y contratos hasta falsedad, violencia familiar y delito ambiental.

El dato surge de la revisión de las declaraciones de hoja vida presentadas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por los postulantes que participan en la carrera por el Gobierno Regional de Junín. Se trata de sentencias declaradas por los propios candidatos y no de denuncias o investigaciones fiscales. Es decir más de la mitad de quienes buscan gobernar Junín carga con antecedentes judiciales declarados.

El caso más llamativo es el de Arnoldo Mallma Auqui, de Alianza para el Progreso, con cuatro sentencias. Registra una por falsa declaración en procedimiento administrativo, dos por obligaciones alimentarias y otra por violencia familiar. Su candidatura fue observada durante el proceso electoral, aunque finalmente continuó en carrera.

En Renovación Popular, Dimas Aliaga Castro declara dos sentencias civiles por materia contractual. Su historial judicial, además, incluye una condena de primera instancia por falsedad genérica en agravio del JNE, dictada en 2022, que entonces provocó su exclusión de la contienda electoral.

Fernando Pool Orihuela Rojas, de Podemos Perú, declara una sentencia civil por incumplimiento contractual. El cuarto caso es César Augusto Merea Tello, de Batalla Perú, quien registra una sentencia por delito ambiental, relacionada con el incumplimiento de normas sobre manejo de residuos sólidos.

Cuatro de siete candidatos, ocho sentencias declaradas y cinco tipos de materias o delitos registrados. La cifra debería ser un asunto central del debate electoral, porque quien llegue al Gobierno Regional de Junín (GRJ) tendrá bajo su responsabilidad presupuesto público, obras, contrataciones y decisiones que afectan directamente a millones de soles y la población de la región.