El expresidente de la Comisión Regional Anticorrupción de Junín (CRAJ), Miguel Ángel Villalobos, exhortó a las autoridades en funciones y a quienes aspiran a ocupar cargos públicos a actuar con transparencia, tras conocerse la reunión nocturna que sostuvieron el candidato de Alianza para el Progreso (APP), Arnoldo Mallma, y tres alcaldes en ejercicio.

Cuestionó los encuentros nocturnos de los burgomaestres fuera de sus sedes institucionales y recordó el caso Sarratea, que involucró al expresidente Pedro Castillo y desató una fuerte controversia política por sus reuniones fuera de Palacio de Gobierno.

Lo cuestionable

El pronunciamiento surge tras la reunión que sostuvieron el candidato de Alianza para el Progreso (APP), Arnoldo Mallma, y tres alcaldes en ejercicio: Dennys Cuba Rivera, alcalde provincial de Huancayo; Miguel Ángel Paitán Soto, alcalde de Sapallanga; y Wilson Quispe Camarena, alcalde de Pariahuanca.

El encuentro se realizó en una vivienda particular y, según explicaron los burgomaestres, tuvo como finalidad abordar proyectos y obras municipales. Dennys Cuba en su momento, negó que la reunión haya sido con el candidato regional y aseguró que este solo pasaba por el lugar.

Para Villalobos, el problema no se limita a la presencia del candidato, sino también a las condiciones en las que se reúnen autoridades que ejercen funciones públicas. Advirtió que estos encuentros pueden generar suspicacias cuando no se realizan en espacios institucionales ni cuentan con mecanismos claros de registro.

Las consecuencias

El exrepresentante de la CRAJ evocó el caso Sarratea como una advertencia sobre las consecuencias políticas que pueden tener las reuniones fuera de los canales institucionales.

Sostuvo que las autoridades deben revisar los antecedentes de la corrupción para evitar repetir prácticas que deterioren la confianza ciudadana. Remarcó que los actos de los funcionarios deben ser públicos y quedar debidamente registrados.

Cómo se recuerda, una vivienda en sarratea en el distrito de Breña en Lima, fue utilizada por el expresidente Pedro Castillo como despacho presidencial clandestino y centro de operaciones para reuniones no registradas.

Posteriormente y tras una investigación, dicha vivienda que pertenecía al empresario Alejandro Sánchez Sánchez, fue allanada e incautada por el Estado, en el marco de las investigaciones por un caso que involucra negociaciones de obras, ascensos irregulares y tráfico de influencias.

Sanchez, estuvo prófugo, fue deportado desde Estados Unidos a mediados de 2024 y cumplió prisión preventiva en el penal de Aucallama. Desde este año afronta el proceso bajo comparecencia.