La Defensoría del Pueblo dio cuenta de 188 conflictos sociales (136 activos y 52 latentes), en el último Reporte de Conflictos Sociales. De ese número, en la región Junín hay 9 conflictos sociales y otros 2 casos que ocasionarían enfrentamientos.

SUCESOS. Son 5 conflictos activos, el primero respecto a los ciudadanos y transportistas que se oponen a la instalación de un cuarto peaje en la Carretera Central.

El segundo, se trata de que el Frente Amplio de Defensa y Desarrollo de los Intereses de Morococha rechaza el proceso de reasentamiento al lugar denominado Carhuacoto, por no haberse suscrito un Convenio Marco con la empresa Chinalco Perú S.A.

Otro, es que la población de Huancayo demanda la atención de la problemática del tratamiento y disposición final de residuos sólidos a cargo de la Municipalidad Provincial de Huancayo.

También que el Frente de Defensa Ambiental del Distrito de Pichanaqui se opone a los trabajos de exploración que viene realizando la empresa Pluspetrol en el Lote N° 108 y que los pobladores del centro poblado menor Andaychagua reclaman por presunta contaminación ambiental y afectaciones a la salud de las personas por las actividades mineras de una empresa minera.

De otro lado, hay 3 casos latentes, la comunidad campesina Huasahuasi cuestiona el funcionamiento y demanda la anulación del Comité de Gestión del Distrito de Huasahuasi que administra el Fondo de Inversión Social, suscrito entre la comunidad y la empresa; seguido del conflicto en la comunidad nativa de Meantari del pueblo indígena Ashaninka que denunció que un grupo de personas ingresaron a su comunidad de manera violenta, portando armas y amenazándolos de muerte obligándolos a retirarse de su territorio. Y finalmente, trabajadores reclaman el reinicio de las operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya.

Además, la región comparte un conflicto con Pasco.

PRESENTE. Personas sienten temor por una resolución de reasentamiento y otras sobre una obra de irrigación del río Cunas.