Tres exfuncionarios de la Municipalidad Provincial de Huancayo fueron sentenciados a cinco y seis años de prisión por los delitos vinculados a actos de corrupción en la entrega irregular de licencias de funcionamiento y certificados municipales.

Según informó la Fiscalía Anticorrupción de Junín, los acusados fueron absueltos en un primer juicio, pero tras la apelación el Poder Judicial dio la sentencia.

El caso

Los sentenciados son Mauro Alejandro Gamarra Ramos, exgerente de Promoción Económica y Turismo; Efraín Braulio Remuzgo Romero, exejecutor coactivo; y Antenor Ciro Meza Gallardo, exjefe de Defensa Civil. Los hechos investigados ocurrieron en 2016 y comprendieron pedidos de dinero de entre S/ 2 mil y S/ 20 mil.

Según la Fiscalía, Gamarra Ramos solicitó indirectamente S/ 2 mil para agilizar la licencia de funcionamiento del establecimiento Evolution Soccer, pese a que el local había sido clausurado y mantenía sanciones por operar sin autorización. La licencia fue emitida el 3 de febrero de 2016 y, de acuerdo con la acusación, se elaboraron documentos que buscaban aparentar la legalidad del trámite.

En el mismo caso, Remuzgo Romero habría ofrecido gestionar el levantamiento de la clausura y facilitar la licencia a cambio de S/ 2 mil. La imputación fue respaldada con grabaciones de audio y declaraciones testimoniales.

Por otro lado, Meza Gallardo habría solicitado indirectamente S/ 20 mil para designar inspectores “mas manejables” que facilitaran la aprobación del certificado de seguridad en edificaciones (ITSE) de la discoteca Ibiza.

Sentencias

En esta segunda sentencia, Gamarra Ramos recibió seis años de prisión por cohecho pasivo propio; Remuzgo Romero, cinco años por tráfico de influencias; y Meza Gallardo, cinco años por cohecho pasivo impropio. También se dispuso su inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de multas.

Las condenas tienen ejecución provisional mientras se resuelven las instancias superiores. Entretanto, los sentenciados deberán permanecer en la localidad y cumplir con el control biométrico hasta que exista una sentencia firme.