El alcalde del distrito de El Tambo, Julio César Llallico, y sus funcionarios siguen siendo el centro de la controversia política desde el intento fallido de suspenderlo de su cargo por 30 días sin goce de remuneraciones, a inicios de febrero. Ahora sus funcionarios han demostrado una intención de viciar el proceso de apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El retraso

El pedido de suspensión se basó en la destrucción de la berma central y la donación de instrumentos a instituciones fuera del distrito, presentado por el ciudadano Pablo Américo Herrera Quintana.

El 25 de febrero, Pablo Américo Herrera Quintana presentó una apelación a la decisión del Concejo Municipal para que se elevara al Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Sin embargo, esta apelación no se tramitó dentro de los plazos previstos por ley. Fue hasta el 11 de marzo cuando finalmente se presentó ante el organismo electoral.

El regidor Iván Medina cuestionó este proceso, argumentando que desde el inicio no se respetó el rango de leyes, ya que solo se necesitaban siete votos para suspender al alcalde. Sin embargo, el alcalde y sus funcionarios hicieron valer una ordenanza que exigía ocho votos, lo que llevó al Concejo a manifestar que no procedía la suspensión.

Medina expresó su preocupación sobre la intención política detrás de estos retrasos, ya que el proceso administrativo establece que desde el 25 de febrero debían contarse cinco días para elevar la apelación al JNE. Sin embargo, la secretaria municipal solo elevó la apelación recientemente, lo que, en palabras del regidor, sugiere un intento de viciar el proceso de suspensión.

“Con las fechas ya superando el plazo máximo, se presume que hay una intención de retrasar o viciar la suspensión del alcalde” dijo el edil.

Consultado al respecto, el decano del Colegio de Abogados, Cristhian Velita, destacó que en el actuar de los funcionarios no se configura un delito, pero, reconoció que hay responsabilidad administrativa de parte de la Secretaría General. Velita enfatizó que será el JNE quien finalmente emita su decisión sobre el hecho.