Yefry Aliaga, de 26 años, fue enviado al penal de Huamancaca Chico luego de que el Poder Judicial ordenara nueve meses de prisión preventiva en su contra por el presunto delito de tentativa de violación sexual en agravio de una adolescente de 14 años.

La medida fue obtenida por el tercer despacho de la Primera Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Huancayo, tras los hechos ocurridos durante la madrugada del 11 de octubre.

Según la investigación fiscal, la adolescente había acudido el 10 de octubre a la vivienda de una amiga en Sicaya, con autorización de su madre. Horas después, ambas se trasladaron junto a otras personas a una discoteca de Pilcomayo, donde también se encontraba el investigado, hermano de su amiga.

Durante la reunión, los asistentes consumieron bebidas alcohólicas. Cerca de las 2:30 de la madrugada, la menor comenzó a sentirse mal y se quedó dormida en un sillón. En esas circunstancias, Aliaga presuntamente la despertó y, mediante engaños, la condujo hasta un hospedaje del distrito.

De acuerdo con la tesis fiscal, el sujeto habría intentado agredir sexualmente a la adolescente aprovechándose de su estado de vulnerabilidad. Sin embargo, ella logró defenderse y pedir ayuda. Sus gritos alertaron a la encargada del establecimiento, quien intervino y retuvo al investigado.

Posteriormente, la menor se reunió con su amiga y regresó a Sicaya. Al llegar a su vivienda, contó lo sucedido a su madre, quien acudió a la comisaría para presentar la denuncia. Horas después, el investigado fue detenido en su domicilio.

Durante la audiencia, la fiscal adjunta provincial Stephanie Limaylla García presentó diversos elementos de convicción, entre ellos la declaración de la adolescente en Cámara Gesell.

Tras evaluar los argumentos del Ministerio Público, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Subespecializado en Delitos de Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de Huancayo declaró fundado el pedido de prisión preventiva.

El investigado permanecerá recluido durante nueve meses mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar su responsabilidad penal.