Lo que comenzó como una denuncia pública por la contaminación del río Yuracyacu y la mortandad de truchas en Pariahuanca, hoy toma un giro distinto tras la aparición de documentos oficiales de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y de la Administración Local de Agua (ALA) Mantaro. Dichos expedientes revelarían que detrás de las protestas y memoriales contra proyectos energéticos y mineros, existirían intereses económicos vinculados al control del recurso hídrico en la cuenca.

El interés

La controversia se remonta a noviembre de 2025, cuando dirigentes como Martín García Mayta y Faustino Rivera Huamán promovieron un memorial en oposición al proyecto de la Central Hidroeléctrica Ginebra. En el documento se argumentó que la iniciativa generaría contaminación minera y afectación ambiental en el río Yuracyacu.

Sin embargo, especialistas sostienen que una central hidroeléctrica, al tratarse de un proyecto de energía renovable, tiene precisamente como finalidad mitigar impactos ambientales, por lo que las acusaciones carecerían de sustento técnico.

Según la Resolución Administrativa N° 0177-2025-ANA, la productora Geraldine Ariet Rivera Castillo familiar de uno de los impulsores de la oposición, concentra una asignación anual de 18,921,600 metros cúbicos de agua para actividades acuícolas.

Este volumen ha despertado cuestionamientos sobre un posible monopolio hídrico familiar en la zona alta de Pariahuanca.

Fuentes técnicas advierten que la campaña contra la minera Oro Negro habría servido para desviar la atención del verdadero conflicto: la disputa por el control del agua.

No obstante, los análisis oficiales de la ANA determinaron que las muestras recogidas cerca de la operación minera cumplen con los Estándares de Calidad Ambiental (ECA), descartando contaminación atribuible a la empresa.

Asimismo, peritajes policiales confirmaron que los restos de cianuro hallados durante las investigaciones fueron ubicados en zonas ajenas y distantes de la unidad minera.