El fuego consumió decenas de vehículos en el complejo policial de Incho, dejando a sus dueños en la desesperación al ver sus herramientas de trabajo reducidas a cenizas. Los autos estaban allí bajo custodia por intervención o incautación, lo que desató una dura pregunta entre los afectados: ¿quién se hará responsable de esta pérdida? Al respecto, el abogado penalista Ángel Palomino Sempértegui explicó que la Policía tenía la obligación legal de garantizar la protección y conservación de los bienes depositados en sus instalaciones.

El especialista señaló que el tipo de responsabilidad dependerá de las investigaciones sobre el origen del fuego. Si el incendio fue un hecho natural o externo, no habrá culpa penal individual, pero el Estado mantendría una responsabilidad civil por perder bienes bajo su resguardo. Por el contrario, si se confirma que los policías causaron el siniestro accidentalmente (por ejemplo, quemando maleza), se configuraría una conducta culposa que generaría severas sanciones administrativas y la obligación directa de reparar los daños.

Respecto a la reparación, Palomino sostuvo que los damnificados tienen pleno derecho a reclamar una indemnización económica. Para recuperar el valor de sus unidades, los propietarios pueden acudir primero a un centro de conciliación para buscar un acuerdo de pago con la entidad responsable. De no lograrse una solución por esa vía, podrán iniciar una demanda civil por daños y perjuicios, un proceso donde el informe final sobre las causas del siniestro será la clave determinante.