Un serio revés para la Municipalidad Provincial de Huancayo. La Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas de Indecopi declaró ilegales 11 cobros y diversas exigencias administrativas que la comuna imponía a los ciudadanos para realizar trámites relacionados con terrenos, viviendas y documentación urbanística.

Resolución

La decisión está contenida en la Resolución N.° 0697-2026/SEL-INDECOPI, pone en evidencia que la municipalidad no pudo demostrar técnicamente cómo calculaba las tarifas que cobraba por determinados procedimientos, además de imponer requisitos que excedían lo permitido por la normativa nacional.

Entre los cobros declarados ilegales figuran 11 derechos de tramitación cuyos montos oscilaban entre S/ 31.00 y S/ 536.90. Estos correspondían a certificados de numeración de finca, constancias de posesión, parámetros urbanísticos, catastro, visualización de expedientes, zonificación y visación de planos.

El problema, según determinó Indecopi, es que la Municipalidad de Huancayo no acreditó haber aplicado la metodología de determinación de costos exigida por el Decreto Supremo N.° 064-2010-PCM y el Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. En términos sencillos, la comuna cobraba por estos servicios sin demostrar debidamente cuánto le costaba realizarlos.

Pero las observaciones no terminaron en las tarifas. Indecopi también declaró ilegales tres exigencias establecidas para obtener la Constancia Municipal de Posesión para otros fines: la declaración jurada del propio solicitante, las declaraciones juradas de tres vecinos cercanos al predio y la copia fedateada del recibo de autovalúo. Para el organismo especializado, estas exigencias excedían los límites establecidos en el artículo 28 del Decreto Supremo N.° 017-2006-VIVIENDA.