La Contraloría General de la República emitió el informe N.° 2292-2026-CG/MPROY-SCC, donde alerta serios riesgos en la Nueva Carretera Central, proyecto a cargo de Provías Nacional. El control al Hito N.° 8 (marzo de 2026) advierte problemas que comprometen el inicio de obra previsto para julio.

Uno de los puntos más críticos es el déficit presupuestal. Aunque el costo total del proyecto asciende a S/ 24 652 millones, la programación multianual 2026-2028 no refleja la real demanda financiera.

A marzo de 2026, se registró una programación de S/ 591 millones, pero solo existe un presupuesto disponible de S/ 190 millones, generando un déficit superior a S/ 400 millones. Esta situación vulnera la normativa del Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones y pone en riesgo la continuidad de la obra.

En el plano técnico, también se identificaron desfases en la liberación de la Zona Arqueológica de Pariachi, lo que retrasaría el inicio del Túnel 1, así como cambios de trazo en los tramos 2 y 3 pese a contar con un avance del 80% del estudio definitivo de ingeniería. Estas modificaciones generan reprocesos, mayores costos y potenciales conflictos sociales.

No obstante, el aspecto más delicado es el legal. La Contraloría advierte que Provías Nacional resolvió el contrato de Estado a Estado tras conocerse sanciones internacionales por actos de corrupción vinculados a una empresa relacionada con la PMO. Sin embargo, en una decisión cuestionada, la entidad optó por “suspender” esa resolución mediante un trato directo para mantener la continuidad del servicio.

Este hecho resulta especialmente grave porque, según el Código Civil, una resolución de pleno derecho, una vez comunicada, no puede revertirse ni suspenderse. Pese a ello, se mantuvo vigente un contrato ya resuelto, incluso con documentos firmados por representantes sin poder vigente, lo que compromete la validez de los acuerdos adoptados.

Los riesgos

Para la Contraloría, esta situación debilita la seguridad jurídica del proyecto y abre la puerta a controversias legales, posibles arbitrajes y mayores retrasos. En conjunto, los riesgos financieros, técnicos y legales podrían afectar seriamente la ejecución de una de las obras de infraestructura más importantes.