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La Contraloría General de la República ha aprobado una nueva modalidad de servicio de control simultáneo con enfoque preventivo, orientado exclusivamente a la reactivación de obras públicas paralizadas. “El objetivo es reunir a la entidad, al contratista y al personal clave para diagnosticar las causas de la paralización y elaborar un nuevo cronograma viable. De este modo, contribuimos a que la obra pueda ser reiniciada en beneficio de los ciudadanos”, explicó el gerente regional de control de Junín, Víctor Lizarraga Guerra. Con esta nueva modalidad, la institución no solo fiscaliza el uso correcto de los recursos públicos, sino que asume un rol activo como facilitador técnico y legal para reactivar obras estancadas.

Panorama

Actualmente, en la región Junín se han identificado 86 obras paralizadas. “De estas, el 25% corresponde al gobierno regional y el resto a gobiernos locales. La Contraloría priorizará aquellas que pertenezcan a los sectores de salud, educación, infraestructura de riego y saneamiento, y que cuenten con un alto monto de inversión y un mayor impacto social. Su reactivación permitirá mejorar directamente la calidad de vida de la población”, sostuvo.

Una vez seleccionadas las obras, la Contraloría convocará mesas de coordinación entre las partes involucradas. Se realizará un diagnóstico técnico y contractual que permita identificar las razones de la paralización, tales como expedientes técnicos deficientes, controversias contractuales o falta de estudios de terreno.

“A partir de ahí, se brindarán recomendaciones para su reactivación, y la Contraloría acompañará el proceso de reactivación, con el fin de asegurar que las obras lleguen a término cumpliendo los estándares técnicos y legales establecidos”, subrayó el funcionario.

Entre las causas más frecuentes de paralización se encuentran expedientes técnicos mal elaborados, falta de planificación de componentes esenciales como instalaciones eléctricas o redes de saneamiento, y solicitudes de adicionales de obra.

Paralizados

De acuerdo a la Contraloría, hasta abril, el Gobierno Regional de Junín (GRJ) contaba con 11 obras paralizadas, seguido de las municipales provinciales de Satipo (6), Huancayo (4), Chanchamayo (3), Yauli (3), Jauja (2) y Tarma (1), así como los gobiernos distritales de Ahuac, Andamarca, Chongos Alto, El Tambo, Coviriali, Cullhuas, Huancan, Ingenio, Marcapomacocha, Matahuasi, Mazamari, Monobamba, Muquiyauyo, Paca, Pangoa, Pariahuanca, Pichanaqui, Rio Negro, entre otras instituciones públicas.