En el país existe la Ley 30364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, sin embargo, esta parece importarle poco a cierto grupo de personas que la siguen ejerciendo. Según cifras dadas por el director regional de Salud Junín, Gustavo Llanovarced Damián, en lo que va del 2023, su sector ha atendido a 140 093 mujeres víctimas de violencia.

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Las víctimas se hallan entre los 14 y 49 años, según la Diresa estas atenciones son en todos los establecimientos de salud de la región y son la causa de la salud mental de los agresores, por lo que es importante fortalecer la atención en salud mental y generar políticas de desarrollo social para disminuir las cifras de violencia.”El componente clásico en crimen y violencia es la salud mental, tenemos el programa presupuestal 131, que es el de salud mental con sus 14 centros salud mental comunitarios, sus dos hogares protegidos y sus dos unidades clínicas de atención hospitalaria en salud mental, tenemos que fortalecer asimismo, la competencias, las políticas regionales en el incremento del recurso humano y acceso e intervención en el sector educativo donde se ve este problema” dijo Llanovarced

“Lo que necesita el país más allá de construir más hospitales, más carreteras, puentes, son políticas de desarrollo social, en salud y educación. A nivel nacional no superamos el 5% en producto bruto interno en lo que es inversión en salud” dijo el funcionario de salud.

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Todas las mujeres víctimas de violencia tienen derecho a la atención y recuperación integral de su salud física y mental, de forma gratuita, en cualquier establecimiento de salud del Estado, según la Ley 30364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

Según la norma las víctimas de violencia serán afiliadas al régimen gratuito del Sistema Integral de Salud (SIS) para el restablecimiento de su salud, y serán atendidas así cuenten con otro seguro (Decreto Supremo N° 004-2019-MIMP). El objetivo es de garantizar de manera efectiva el acceso gratuito de las víctimas a los servicios de salud.