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Cientos de pobladores de La Oroya marcharon desde diferentes puntos de la ciudad por la Carretera Central exigiendo que varíen los estándares nacionales medioambientales. 

El mitin exige al Gobierno Central que publique el decreto supremo que apruebe nuevos estándares ambientales, lo que facilitaría y hará más atractiva la venta de  los activos de la empresa Doe Run Perú a ojos de los inversionistas.

El complejo metalúrgico de La Oroya se encuentra paralizado hace nueve años.

La marcha partió desde las 2:00 de la tarde, de tres puntos. El primero del sector del Ovalo de Marcavalle, el segundo grupo salió desde el puente Chulec a la altura del Km 05 de la Carretera Central en el tramo La Oroya - Junín y el ultimo desde el frontis de las instalaciones de la fundición a la altura del Km 04 de la Carretera Central en el tramo  La Oroya - Huancayo.

Al inicio de la marcha, los protestantes iban por un solo carril pero debido a la gran cantidad de manifestantes tomaron toda la vía cerrando el pase en la Carretera Central.

Madres de familia marcharon con ollas vacías indicando que la situación económica aleja los alimentos de las mesas.

Los manifestantes en todo momento fueron resguardados por un contingente de la Policía Nacional de la comisaría de La Oroya y un contingente de 60 efectivos más que llegaron de Huancayo al mando del Comandante PNP Jorge Saguma Zegarra.

El alcalde de La Oroya, Carlos Arredondo Mayta, señaló que la población está prácticamente sobreviviendo, "Existe deserción escolar y de la población que busca empleo en otros lugares mientras los negocios cierran y las arcas de la municipalidad se perjudican por falta de pago de impuestos. Por ello estamos acá para respaldar a la ministra del Medio Ambiente, para aprobar la Resolución N° 094 lo más breve posible", indicó.

Por su lado Luis Castillo representante de las acreencias laborales indicó que al no emitir los nuevos estándares, el segundo proceso de venta de los activos de la empresa en el mes de julio podría caer igual que el pasado del mes de marzo, haciendo que la empresa pase a una liquidación simple en el mes de agosto. En ese caso  se podría vender los activos de la empresa como chatarra y más de 200 trabajadores quedarían en la calle.

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