Llamadas intimidatorias desde el penal, robo e interceptación de documentos dentro de la fiscalía, han obligado al  presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Junín, Boris Olivera a solicitar  garantías para su vida, ello tras pedir a la Fiscalía de la Nación  retirar de sus cargos a veintitrés fiscales.

El pasado 28 de setiembre   mediante oficio dirigido al ministro del Interior, César Gentille Vargas, el fiscal requirió seguridad y protección policial, por haber recibido constantes amenazas  contra su integridad física y sufrido transgresión patrimonial.

Según el fiscal, cuando retiraba dinero de una entidad bancaria, su vehículo sufrió el robo de autopartes, los mismos que fueron destruidos; asimismo, su esposa y familiares están recibiendo llamadas desde los penales.

¿Retiro de fiscales estaría vinculado?

Además,  dentro de la fiscalía se ha interceptado documentación confidencial que fue remitida a la Fiscalía de la Nación y que luego fueron publicadas en las redes sociales.

Todo  esto luego que remitió  la relación de 23  fiscales que por  recomendación de la Oficina de Control Interno sean retirados de sus cargos debido  a su baja producción, la misma que está en evaluación.

El fiscal informó que el resguardo policial se le ha sido otorgado y señaló que no está dentro de sus funciones el retirar de sus cargos a los fiscales, eso lo hace el ente nacional.