La emergencia registrada en la región Junín ha golpeado con fuerza al sector acuícola, dejando a siete piscigranjas directamente afectadas y pérdidas económicas que superan los 7 millones 136 mil soles. Los productores, que dependen de la crianza de truchas como principal sustento, enfrentan ahora un escenario crítico marcado por la mortandad masiva de peces y la incertidumbre sobre la recuperación de sus actividades.

Según la evaluación realizada en campo, varias de estas unidades productivas han sufrido daños severos en su producción. En algunos casos, las pérdidas individuales superan los dos millones de soles, reflejando la magnitud del impacto económico en los pequeños y medianos productores de la zona.

Además de las pérdidas, los piscicultores cuestionan la falta de fiscalización en el manejo de la emergencia. Las truchas muertas habrían sido enterradas sin una verificación adecuada por parte de las autoridades competentes, lo que genera dudas sobre si la disposición final se realizó conforme a los estándares sanitarios y ambientales.

La situación también ha evidenciado debilidades en la respuesta institucional. Pese a la gravedad del caso, no se habrían tomado acciones inmediatas para articular una intervención multisectorial que permita atender tanto la crisis productiva como sus posibles consecuencias ambientales.

Frente a este panorama, la Dirección Regional de Producción ha elaborado un informe técnico en el que detalla las pérdidas económicas de las siete piscigranjas y solicita una asignación presupuestal al Gobierno Regional de Junín. Este financiamiento estaría orientado a implementar medidas de apoyo y compensación para los productores afectados, con el objetivo de reactivar progresivamente la actividad acuícola.

Sin embargo, los piscicultores advierten que la ayuda podría resultar insuficiente si no se adoptan medidas más amplias, como la declaratoria de emergencia en la zona y un plan integral de recuperación. Mientras tanto, la crisis continúa afectando no solo la economía local, sino también la seguridad alimentaria de las comunidades que dependen de esta actividad.