La subsecretaria general del SUTE Regional Junín, Vilma Tueros Quispe, expresó su rechazo a las recientes medidas planteadas para el sector Educación y cuestionó la gestión del Ministerio de Educación. La dirigente sostuvo que los problemas centrales de la educación pública continúan relacionados con la falta de infraestructura, equipamiento y las condiciones sociales que enfrentan miles de estudiantes.

Realidad

Tueros afirmó que cerca del 90 % de las instituciones educativas presenta serias deficiencias en infraestructura, equipamiento y logística. A esta situación, agregó, se suman problemas como la desnutrición, anemia y tuberculosis que afectan principalmente a estudiantes de sectores rurales y urbanos en situación vulnerable.

Evaluación

Respecto a las evaluaciones docentes y a la exigencia de una nota mínima de 14 para ingresar a la carrera pública magisterial, la representante sindical señaló que los maestros no se oponen a ser evaluados, pues ya son monitoreados por las UGEL y directores, además de participar en capacitaciones. Sin embargo, sostuvo que el nuevo esquema tendría un carácter punitivo y, según su interpretación, podría generar un “despido masivo” de docentes. También cuestionó la sobrecarga laboral que enfrenta el magisterio.

Currículo

La dirigente advirtió además una brecha entre el currículo de educación básica, basado en competencias, y los exámenes de admisión universitarios, que priorizan conocimientos. Consideró que una reducción de contenidos podría afectar a los estudiantes de colegios públicos y favorecer el traslado hacia instituciones y academias privadas. Frente a ello, planteó abordar la problemática considerando las condiciones de padres de familia, estudiantes y docentes.

Diálogo

Finalmente, Tueros Quispe señaló que el SUTE Regional Junín priorizará el diálogo y anunció que presentará su documentación y pliego de reclamos ante el Ministerio de Educación y la Presidencia antes de la aprobación del presupuesto fiscal. No obstante, advirtió que, si sus demandas no son atendidas y continúan las medidas que considera perjudiciales para el magisterio, los docentes podrían convocar a paros y huelgas.