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El Gobierno emitió el Decreto Supremo n° 005-2025-TR, mediante el cual se derogó el Decreto Supremo n° 009-65. Esto significa que las empresas con más de 100 trabajadores ya no estarán obligadas a contar con un profesional en Trabajo Social encargado de velar por el bienestar de los trabajadores.
“Con esta derogatoria, se elimina de las empresas la labor profesional del trabajo social, pese a que cumple un rol clave en el bienestar de los trabajadores y sus familias. Estamos en contra de esta medida que pone en riesgo la estabilidad laboral de los profesionales del sector”, señaló la decana de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), Dionicia Alarcón.
Rechazo
Actualmente, la carrera de Trabajo Social cuenta con 427 estudiantes, y cada año egresan entre 35 y 40 profesionales. “Hacemos un llamado al Poder Ejecutivo y al Legislativo para que reflexionen y adopten medidas que restituyan el rol de la trabajadora social en las empresas. Del mismo modo, instamos a las empresas a priorizar el bienestar integral de sus trabajadores. La trabajadora social vela por la salud física, mental y emocional del obrero y su familia”, manifestó Alarcón.
Por su parte, la decana del Colegio de Trabajadores Sociales del Perú – Región VI, Sede Huancayo – Junín, Dora Alvarado, rechazó la aprobación del Decreto Supremo nº 005-2025, que deroga el Decreto Supremo nº 009 de 1965, norma que garantizaba la contratación de profesionales de Trabajo Social en empresas.
“Esta decisión representa un grave retroceso y pone en riesgo el bienestar de los trabajadores y sus familias, además de vulnerar los derechos laborales y profesionales del sector”, remarcó.
Asimismo, advirtió que este nuevo decreto libera a las empresas privadas de la obligación de contar con trabajadoras sociales, lo cual constituye un atropello a la profesión. “No se está valorando que somos especialistas formados durante cinco años de estudios universitarios, con preparación en áreas clave como manejo de conflictos, salud mental, prevención de violencia, orientación familiar, seguridad social y derechos humanos”, detalló.
Actualmente, existen más de 20 mil profesionales a nivel nacional, y en la región Junín, cerca de 2 mil. “No descartamos interponer una acción de amparo para restituir el marco legal que protegía nuestro ejercicio profesional. Exigimos respeto a nuestra carrera. Esta exclusión desde el más alto nivel del Estado es inaceptable. Alzaremos nuestra voz de protesta”, concluyó.