La reciente decisión de la presidente de la República, Dina Boluarte, de declarar el Estado de Emergencia en dos distritos del país (San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres) y la provincia de Sullana (Piura) debido a la creciente inseguridad ciudadana ha generado un intenso debate. La seguridad es una preocupación legítima, pero la ausencia de una planificación sólida detrás de esta medida plantea serias dudas.

Declarar un Estado de Emergencia implica la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, junto con la Policía Nacional del Perú. Esta medida no debe tomarse a la ligera. Más allá de la respuesta inmediata a la inseguridad ciudadana, es crucial contar con un plan integral que aborde las causas subyacentes de esta problemática.

La simple declaración de Estado de Emergencia no garantiza una solución efectiva a largo plazo en el territorio nacional. El Gobierno debe analizar si esta medida es proporcional y la más adecuada para abordar la inseguridad, que es la preocupación número uno de los peruanos. Además, se deben respetar escrupulosamente los derechos de los ciudadanos durante esta situación excepcional, evitando abusos por parte de las autoridades.

La seguridad ciudadana es un derecho fundamental, pero las medidas tomadas deben ser cuidadosamente planificadas y evaluadas para garantizar que sean efectivas y respeten los principios democráticos con un plan integral que pueda perdurar en el tiempo cumpliendo con sus objetivos.