Pese a que el Ministerio de Educación (MINEDU) y el Gobierno Regional de Junín (GRJ) ordenaron la anulación de 158 títulos profesionales falsos inscritos irregularmente a nombre del Instituto Pedagógico Privado “José Antonio Encinas” de Huancayo, la directora regional de Educación de Junín, Silvia Victoria Astete Morales, estaría incumpliendo esta disposición, lo que podría acarrear responsabilidad administrativa y penal.

De acuerdo a la Resolución Gerencial N° 072-2025-GRJ/GRDS, emitida el pasado 17 de septiembre por la Gerencia de Desarrollo Social del GRJ, se dispuso que la Dirección Regional de Educación de Junín (DREJ) procediera a la anulación de 158 títulos falsos del Sistema de Registro.

La DREJ, bajo la dirección de Astete Morales, tenía un plazo legal de 15 días hábiles para ejecutar esta anulación, pero nunca se cumplió con esta disposición.

El director del Instituto, José Vilcapoma Chambergo, informó a este medio que, notificó formalmente a la directora Astete sobre este incumplimiento omisivo mediante carta notarial del 21 de octubre de 2025.

“Estas omisiones podrían subsumirse en la comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales así como el delito de abuso de autoridad”, indicó Vilcapoma Chambergo.

Ante la persistente inacción, Vilcapoma envió una carta de reiteración del último 11 de noviembre, donde exigió el cumplimiento total y la adopción de acciones correctivas en un plazo máximo de cinco días. De no hacerlo, anunció que se iniciarán acciones legales ante el Ministerio Público y el Poder Judicial por los delitos señalados y daños y perjuicios.

Los casos

El origen del caso se remonta a la denuncia realizada en 2018 por la falsificación de documentos y firmas en decenas de títulos profesionales, un número que luego se consolidó en 158 títulos falsos.

Se ha acreditado pericialmente la falsificación de firmas para la obtención de estos títulos profesionales.

Esta acción omisiva por parte de la DREJ mantiene vigentes títulos falsos que en la actualidad mantienen a docentes en funciones de manera ilegal.