Irregularidades y deficiencias en el mantenimiento de los puestos de salud Santa Isabel e Ingenio Bajo, en la provincia de Huánuco, es advertido por la Contraloría General, lo cual generó un perjuicio económico de S/ 120 430 debido a trabajos inconclusos, deficientes y no ejecutados en dichos establecimientos.
Según el informe de control, estos centros de salud formaron parte de un grupo de establecimientos que recibieron mantenimiento en 2023. No obstante, el acondicionamiento de estos dos puestos se ejecutó con expedientes técnicos deficientes y carentes de validez legal.
Indican que los expedientes técnicos presentaban firmas y sellos que no correspondían al profesional que los había elaborado y suscrito. Esta persona informó a la Contraloría que los documentos no fueron elaborados por él y que tanto la firma como el sello eran falsificados. A pesar de esta situación, la Red de Salud de Huánuco utilizó estos documentos para proceder con el mantenimiento de ambos puestos.
ANOMALÍAS EN LOS ESTUDIOS
Además, los estudios técnicos fueron observados por el área de logística de la red de salud debido a que el proyectista no incluyó gastos generales, utilidad, IGV ni gastos de supervisión. Asimismo, las cotizaciones de insumos estaban desactualizadas y con precios no acordes al mercado.
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El contratista ejecutó la obra de manera deficiente e incompleta. Se constataron instalaciones de luces led de menor costo en lugar de las fluorescentes tipo rejilla con difusor de aluminio especificadas en el expediente. También se omitieron trabajos de pintura, instalación de baranda metálica y reemplazo de vidrios en ventanas, entre otros.
AUMENTARON EL COSTO
El presupuesto inicial para el puesto de salud de Santa Isabel fue de S/ 46 550 y luego actualizaron a S/ 150 864; para Ingenio Bajo, el presupuesto pasó de S/ 30 118 a S/ 83 265. Sin embargo, el aumento de costos no se reflejó en mejoras significativas, ya que lo ejecutado resultó ser menor a lo previsto en el expediente actualizado.
Esto generó que la Red de Salud de Huánuco pagara por metrados adicionales y trabajos no realizados, ocasionando así el perjuicio económico al Estado. La Contraloría identificó responsabilidad administrativa y civil en dos funcionarios y recomendó a la entidad iniciar el deslinde de responsabilidades.
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