Ante la reciente decisión de la Municipalidad Distrital de San Pablo de Pillao y de su alcaldesa, Delia Verde Ponce, de declarar “persona no grata” al alcalde provincial de Huánuco, así como a regidores y funcionarios de la Municipalidad Provincial de Huánuco (MPH), autoridades provinciales ofrecieron una conferencia de prensa para aclarar, de manera técnica, legal y objetiva, los hechos relacionados con el proceso de creación del centro poblado Vista Alegre.

En la conferencia participaron el gerente municipal, Álvaro Roger Ernesto Mendoza Castillo; el gerente de Asesoría Jurídica, Jordán Jara Albornoz; y el secretario de Concejo, Baltazar Vara Berrospi.

No participó en sesiones sobre Vista Alegre

Mendoza Castillo precisó que el alcalde provincial, Toño Jara, no participó ni presidió ninguna sesión de Concejo en la que se haya tratado la creación del centro poblado Vista Alegre, debido a que se encontraba cumpliendo comisión de servicios. En ese sentido, señaló que es incorrecto atribuirle una postura de rechazo o responsabilidad directa en decisiones adoptadas durante sesiones que no dirigió ni en las que tuvo injerencia.

Indicó que el tratamiento del tema fue impulsado y conducido exclusivamente por el regidor Joel Arteaga, quien asumió la presidencia de la mesa directiva ante la ausencia del titular del pliego.

“El alcalde no estuvo inmerso en el debate ni tuvo participación en las decisiones tomadas durante dichas sesiones; por lo tanto, atribuirle responsabilidad directa es inexacto”, declaró.

Convocatoria sin sustento legal

Por su parte, el secretario del Concejo, Baltazar Vara Berrospi, aclaró que la supuesta sesión convocada para el 30 de diciembre no cumplió con el procedimiento establecido en el artículo 13 de la Ley Orgánica de Municipalidades ni con los pronunciamientos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que señalan que los regidores no tienen facultad para autoconvocarse a sesiones de Concejo.

Explicó que dicha atribución corresponde al alcalde y que solo ante su negativa u omisión, previa solicitud formal, los regidores pueden proceder conforme a ley.

“En este caso no se cumplió con el procedimiento legal, lo que invalida el sustento de la convocatoria realizada”, precisó.

Asimismo, detalló que el conflicto se originó tras una solicitud de la regidora Shirley Morales para tratar el tema el 30 de diciembre; sin embargo, durante la sesión del 19 de diciembre, los regidores decidieron fijar fecha y autoconvocarse sin solicitar previamente al alcalde provincial la convocatoria a una sesión extraordinaria, actuando fuera del marco normativo vigente.

Ley N.° 3387 impide creación de nuevos centros poblados

El gerente de Asesoría Jurídica, Jordán Jara Albornoz, expuso la cronología del expediente técnico para la creación del centro poblado Vista Alegre, el cual fue presentado el 30 de julio de 2024 por la Municipalidad Distrital de Pillao, representada por la alcaldesa Delia Verde Ponce. Durante el proceso, la Municipalidad Provincial de Huánuco formuló observaciones técnicas que fueron subsanadas progresivamente.

Indicó que recién el 22 de octubre de 2025, mediante el Oficio N.° 353-2025, se remitió el cotejo masivo de adherentes para su incorporación al expediente. No obstante, señaló que existe un impedimento legal insalvable a partir de la promulgación de la Ley N.° 3387, publicada el 16 de julio de 2025, la cual prohíbe expresamente la creación de nuevos centros poblados hasta el año 2030, sin contemplar excepciones ni disposiciones transitorias para trámites en curso.

“La alcaldesa de Pillao tenía conocimiento de que no se podía aprobar la creación del centro poblado. Se le comunicaron oportunamente los impedimentos legales. En estricto cumplimiento de la ley, Asesoría Jurídica emitió el Informe Legal N.° 441-2025, recomendando declarar improcedente la solicitud para evitar responsabilidades administrativas y penales”, explicó.

Municipalidad ratifica respeto al marco legal

Finalmente, la Municipalidad Provincial de Huánuco reiteró que no se ha aprobado la creación de ningún centro poblado desde la entrada en vigencia de la Ley N.° 3387 y que todas sus actuaciones se han realizado con estricto respeto al marco legal vigente.

En ese sentido, las autoridades consideraron injustificado y carente de sustento legal responsabilizar al alcalde provincial, regidores y funcionarios por una decisión que responde exclusivamente al cumplimiento de la ley.