La Contraloría General detectó perjuicio económico en el Hospital Hermilio Valdizán de S/ 2.7 millones. Los funcionarios de este hospital permitieron se continúe de manera irregular la Contratación Administrativa de Servicios (CAS) de 176 trabajadores sin tener la certificación presupuestal, lo que ocasionó que el personal denuncie el pago de sus remuneraciones y el reconocimiento de beneficios laborales.

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De acuerdo al Informe de Control Específico n.° 003-2022-2-4765-SCE los 176 trabajadores solo tenían contrato para laborar los meses de noviembre y diciembre del 2021 pero, permitieron que el personal continúe laborando de enero hasta mayo del 2022, sin contar con la certificación presupuestal y sin que el personal tuviera código en el registro centralizado de planillas del sector público, lo que generó que los trabajadores fueran renovados de forma automática.

La continuidad irregular de los trabajadores género que la entidad solicite recursos a otras unidades ejecutoras, para realizar modificaciones presupuestales, que les permitió pagar al personal solo por dos meses (enero y febrero) por un total de S/ 2 791 762. Por este hecho, la Contraloría halló responsabilidad penal y administrativa en cinco funcionarios públicos, que de manera irregular permitieron que los trabajadores CAS  continúen laborando durante cinco meses.

Para conseguir el pago de sus remuneraciones, los 176 trabajadores tuvieron que realizar demandas judiciales, exigiendo, además, el pago por vacaciones truncas que la entidad aún les adeuda S/ 355 789 42 también, las remuneraciones correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo que suman S/ 4 175 613 y que el Hospital Hermilio Valdizán no ha podido cumplir con dichos pagos.

Por otra parte, el Poder Judicial de Huánuco ordenó mediante medidas cautelares la reposición temporal de 124 trabajadores así como, el reconocimiento de vacaciones truncas y las remuneraciones que aún están pendientes de pago. Por su parte, la Contraloría ha comunicado a la Procuraduría Publica Anticorrupción Descentralizada de Huánuco a iniciar las acciones penales contra los servidores públicos comprendidos en los hechos irregulares.

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