Por inasistencia del fiscal Edwin Coaquira Pacci, encargado de investigar el caso Megadiesel, se postergó el inicio de audiencia de juicio oral seguido contra el ex alcalde de Huánuco Jesús ‘Koko’ Giles Alipázaga, y sus funcionarios y dos empresarios por el presunto delito de colusión, cuyo proceso comenzó hace 10 años y, hasta el momento, no concluye.

Para el 20 de octubre estaba programada la audiencia a cargo de Luis Pasquel Paredes, juez especializado en delitos de corrupción de funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Huánuco. Sin embargo, el fiscal no asistió a la misma y esta fue postergada hasta el 10 de noviembre del 2021 a las 11 de la mañana.

En este hecho se encuentran involucrados, además del ex alcalde Giles, Emilio Ruiz Moncada, Octavio Gonzáles Valdiviezo, Jorge Amadeo Loreña Esteban, Benjamin Vladimir Cruz Picón, Huber Jacinto Romero Serrano, Arnaldo Marrero García y Julio Fernando Montero Tolmos; además de los empresarios Roxana Zevallos Avila y Naval Aspiros Paredes, propietarios de Megadiesel.

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De acuerdo a los peritos del Ministerio Público, la licitación para la reparación de las dos maquinarias ( retroexcavadora por 107 mil 862 soles y un tractor por 82 mil 743 soles) se habría hecho sin expediente técnico y aparentemente para favorecer a Magadiesel, toda vez que los accesorios de las maquinarias estaban en buen estado a la hora del requerimiento.

En mayo del 2018 el caso fue sentenciado en primera instancia por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria que atendía la juez Mitzy Mazzini Ojeda, pero en segunda instancia fue declarado nulo, por lo que ordenaron un nuevo juicio.

En dicho fallo de primera instancia, Giles y sus ex funcionarios, fueron condenados a cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida sujetas a reglas de conducta durante tres años; además a tres años de inhabilitación para ejercer cargo público y al pago solidario de 50 mil soles como reparación civil a favor de la Municipalidad de Huánuco.

En su defensa, durante el juicio oral Giles dijo que no habían podido comprobar que han cometido colusión; sin embargo, la sentencia señala que existe la certeza de la autoría y responsabilidad en los hechos.

“El fiscal (Rubén Jara) no ha podido comprobar que se ha cometido acto de colusión, no se ha comprobado que se ha gastado dinero, la municipalidad no se afectó con un sol y no hubo contrato alguno. En todo caso habría un acto administrativo y mi persona anuló el proceso al detectar algunos errores”, manifestó.

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Sin embargo, contra la exautoridad edil pesa otras investigaciones que se encuentran en etapa preliminar para inicio de juicio oral.

Otro de los sonados casos es la entrega del terreno del parque Puelles por 70 años a una empresa privada y donde hoy funciona el local de Real Plaza.

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