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Huánuco: camal municipal construido sin autorización genera perjuicio de 451 mil soles

En la provincia de Pachitea, establecimiento no funciona hace dos años
Contraloría detecta un mal uso de recursos en una obra que no funciona por falta de permisos

Arelia Luna

Actualizado el 17/08/2024, 05:36 p.m.

El camal municipal que fue construido sin la autorización sanitaria del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), y genera un perjuicio de 451 mil soles al Estado y desde el 2022 no está al servicio de la población.

Según el informe de la Contraloría General, en diciembre del 2022 la obra de mejoramiento del matadero municipal fue concluida y desde esa fecha la infraestructura no ha entrado en funcionamiento, puesto que el proyecto de construcción no cumple con la autorización sanitaria ni los requisitos establecidos en el reglamento sanitario para el faenado de animales de abasto.

En diciembre del 2020, sin tener autorización sanitaria, aprobaron el expediente técnico con un monto de S/ 227 895 y pagó S/ 30 000 a la empresa que lo elaboró. Luego, en febrero del 2021, iniciaron la ejecución por administración directa y en marzo del mismo año paralizaron la obra tras las observaciones del Senasa y reformularon el expediente técnico.

INFORMALIDAD

Una vez aprobado, el presupuesto del proyecto fue incrementado a S/ 456 011; sin embargo, el expediente reformulado tampoco tenía la autorización. La obra reinició en junio del mismo año y en diciembre del 2022 el comité recibió sin observaciones las nuevas instalaciones del matadero municipal.

Luego de que la obra fue culminada al 100 %, la entidad solicitó la autorización sanitaria, pero fue rechazada ya que la infraestructura no cumplía con el reglamento sanitario para el faenado de animales, a pesar de que entre agosto del 2021 y diciembre de 2022 el Senasa visitó la obra en siete oportunidades y recomendó cumplir con los parámetros y lineamientos para la ejecución.

Esta situación generó un perjuicio económico de S/ 451 511 a la Municipalidad Provincial de Pachitea. La Contraloría halló responsabilidad penal y administrativa en siete exfuncionarios públicos por aprobar un expediente técnico, ejecutar y liquidar un proyecto que no tenía autorización sanitaria.

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