La Contraloría General de la República (CGR) identificó presuntas irregularidades en la contratación de servicios de capacitación y en la adquisición de maquinaria para el proyecto “Té Verde”, ejecutado por la Dirección Regional de Agricultura de Huánuco. Estas acciones habrían ocasionado un perjuicio económico total de S/ 478 800 al Estado.

De acuerdo con el Informe de Auditoría, el proyecto contemplaba la contratación de un servicio de consultoría destinado a capacitar y brindar asistencia técnica a agricultores de 15 comunidades del distrito de Daniel Alomía Robles, en la provincia de Leoncio Prado. Sin embargo, los términos de referencia habrían sido modificados al margen de la Ley de Contrataciones del Estado.

Contratación irregular

La auditoría determinó que la Unidad de Logística habría fraccionado la contratación del servicio mediante órdenes menores a ocho Unidades Impositivas Tributarias (UIT), permitiendo así la contratación individual de 12 profesionales pese a tratarse de un mismo objeto contractual. Además, cinco de ellos no cumplían con los requisitos mínimos exigidos, ya que no acreditaron experiencia en capacitación vinculada a proyectos agrícolas o forestales.

Asimismo, la Contraloría verificó que los servicios de capacitación no se ejecutaron conforme a lo establecido en los términos de referencia. Entre las principales observaciones figuran registros de asistencia con presuntas irregularidades, como firmas atribuidas a dos personas fallecidas, listas duplicadas de participantes y el uso repetido de fotografías en distintos informes.

Pese a estas observaciones, el coordinador, la supervisora del proyecto y el director de Extensión Agraria otorgaron la conformidad de los servicios, lo que permitió el pago de S/ 28 800 a cada proveedor, generando un perjuicio económico de S/ 345 600.

Irregularidades en compra de maquinaria

Respecto a la adquisición de maquinaria, la Contraloría advirtió que cuatro de las seis máquinas adquiridas —una laminadora, una secadora de hojas, una recolectora de tallos y una separadora— no cumplían con las especificaciones técnicas ni con la capacidad operativa requerida. A pesar de estas deficiencias, los equipos fueron recibidos sin que se exigiera la subsanación correspondiente.

El informe también señala que, durante el proceso de selección, el comité aprobó bases con errores en los plazos de entrega, situación que debió motivar la nulidad del procedimiento. No obstante, el proceso continuó y descalificaron a un postor que sí cumplía con los requisitos y ofrecía mejores condiciones económicas.

Favorecimiento

En su lugar, la buena pro fue otorgada a un proveedor con una propuesta de mayor costo, a quien posteriormente se le aprobó una ampliación de plazo para la entrega de los equipos, pese a que dicha medida carecía de sustento técnico y legal.

Según la Contraloría, estas irregularidades, sumadas al retraso injustificado y al incumplimiento de las especificaciones técnicas, ocasionaron un perjuicio adicional de S/ 133 200.

Por estos hechos, existe la presunta responsabilidad penal, administrativa sujeta a potestad sancionadora en cinco servidores públicos. Asimismo, recomendó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción iniciar las acciones legales correspondientes contra los presuntos responsables.