Una irresponsable decisión de funcionarios del Proyecto Especial Alto Huallaga (PEAH) perjudicó a agricultores de la provincia de Leoncio Prado, en Huánuco. La Contraloría General de la República detectó un perjuicio económico por S/ 253 mil.

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“Funcionarios de dicha entidad (PEAH) pagaron por la elaboración de un perfil técnico incompleto, afectando a agricultores. La elaboración del perfil técnico tenía por finalidad viabilizar un sistema de riego tecnificado que fue solicitado en el 2018 por los agricultores de las localidades de Huayhuantillo y Alto Huayhuante, del distrito Daniel Alomia Robles, de la mencionada provincia, lo que afectó el cumplimiento de la finalidad pública”, informó el órgano de control.

Según el Informe de Control Especifico N.° 009-2022-2-0749 el perfil técnico debió entregarse al PEAH en tres partes, pero el contratista solo entregó dos y con observaciones. Incluso, la versión final del estudio no fue presentada y a pesar de ello funcionarios de la entidad autorizaron el pago completo del contrato.

Vicios. Durante el servicio de control se evidenció que no existía documentación de conformidad de la prestación del servicio por parte de la Dirección de Estudios del PEAH (área usuaria), sin embargo, se autorizó el pago del 100% del monto contratado, sin observarse el incumplimiento, lo que generó el perjuicio económico por S/ 253 894 70.

Cabe señalar que el postor que se adjudicó la buena pro para elaborar el expediente técnico, no presentó el certificado de calibración de equipos topográficos y el detalle de precios unitarios tampoco tenían la firma de un representante legal. A pesar de haber incumplido los requisitos obligatorios señaladas por las bases integradas del procedimiento de selección, la entidad pública firmó el contrato con la empresa.

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El perfil técnico completo debía contener aspectos generales, topografía, hidrología, geológico-geotécnico, agroeconómico, análisis de riesgos e impacto ambiental y el diseño estructural e hidráulico del sistema de riego, entre otros.

Responsables. Por estos hechos, la Contraloría halló presunta responsabilidad penal y administrativa en tres servidores públicos: Elías Soto Campos, director de Estudios; Andrés García Zevallos, jefe de la Oficina de Administración; Yovanna Recavarren Silva, responsable de la Unidad de Contabilidad. En tanto, también se halla involucrado Miguel Castro Villar, representante de la Empresa Fomper S.A.C. a quien el PEAH encargó el trabajo.

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