El fiscal superior del Distrito Fiscal de Huánuco, Roberto Castillo Velarde el 31 de diciembre del año pasado ordenó a la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa ampliar la investigación contra varios ex funcionarios y trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huánuco por el presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.

Se trata de Elgar Serrano Gálvez, Ubaldo Santiago Carrillo (fallecido), Antonia Pío Aparicio, Luis Canteño Rivera, Lorenzo Huánuco y Enrique Acuña Ventura, quienes en e 2015 formaban parte del comité de licitación No 3-2015 para elaborar el expediente técnico y ejecutar la obra “Mejoramiento y equipamiento de servicios educativos de la institución educativa n. ° 33074 Héroes de Jactay, del asentamiento humano Señor de Puelles, en Las Moras, en Huánuco” por el monto de S/1 816 604.00 soles.

Sin embargo, durante presentación de documentos para el proceso de licitación, habrían presentado documentos falsos y nadie de los integrantes se percataron.

Resulta, que el 7 de febrero del 2019, Noé Ambicho Reyes interpone denuncia contra sus socios Antonio Pulgar Lucas ( hoy alcalde de Amarilis), Enrique Pulgar Lucas, excongresista de la República y contra Yaned Aydé Godoy Daza por el presunto delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad material.

En efecto, el 15 de junio de 2015, el consorcio Señor de Puelles, integradas por las constructoras O&F S.R.L., representada por Enrique Pulgar, NAR E.I.R.L., por Noé Ambicho y Xena S.C.R.L., representada por Antonio Pulgar, gana la licitación pública n. ° 3-2015. La representante legal del consorcio fue Yaned Ayde Godoy Daza.

Ambicho en la denuncia manifestó que el consorcio Señor de Puelles para que ganara la licitación, presentó el contrató n. ° 1171-2031, del 12 de diciembre de 2013, que firmó con el Gobierno Regional Huánuco para la construcción de la escuela René Guardián Ramírez, pero el porcentaje de las empresas participantes en ese contrato, habría sido adulterado.

De igual manera , el denunciante sostiene que las firmas que aparecen en la carta poder, promesa formal de consorcio y en la declaración jurada de datos del postor, documentos emitidos el 12 de mayo, han sido falsificadas, pues no “provienen de su puño y letra”, el cual fue demostrado por un estudio grafotécnico y concluyó que las firmas de Ambicho han sido falsificadas.

La investigación por este caso estuvo a cargo de la fiscal provincial Kelly Ramírez Vera, quien con Disposición Fiscal n. ° 1, del 11 de febrero de 2019 dispuso abrir investigación preliminar contra Pulgar Lucas y sus coinvestigados por el presunto delito de falsedad material. Y al final determinó que hubo supuestos hechos de presentación de documentación adulterada en la licitación y falsificación de firma, pero determinó no formalizar la denuncia por esos hechos, y continúo investigando por el presunto delito de uso de documentos públicos falsos y uso de documento privado falso, que fue cuestionado por Procuraduría Municipal de Huánuco.

En consecuencia , la denuncia fue remitida a la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios de Huánuco, porque los delitos de falsificación de documentos públicos y privados serían delitos conexos al delito de colusión, así como delito de lavado de activos.

El caso fue asignado al fiscal Miguel Rojas Mayta, pero este no formalizó investigación preparatoria contra Pulgar Lucas y otros, ni tampoco contra los funcionarios o servidores públicos de la Municipalidad Provincial de Huánuco por el presunto delito de colusión ilegal, y derivó los actuados a la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa.

Al respecto, Enrique Pulgar manifestó que el proceso fue archivado porque no hubo irregularidades en la presentación de documentos de su empresa, y la investigación continúa contra los ex funcionarios y trabajadores de la comuna provincial.

Además dijo que la sanción recayó a una empresa de Ucayali que elaboró el expediente técnico, en este caso a NAR EIRL, cuyo representante es Noé Ambicho. Incluso la OSCE la habría sancionado por tres años para no participar en licitaciones,