Ayer desde las 8:00 de la mañana, los trabajadores de los 18 Centros Emergencia Mujer y Familia (CEM) de la región se concentraron en la Plazuela Bolognesi, en la provincia de Ica, para acatar el paro nacional convocado por el sindicato del Programa Warmi Ñan.

Reclamos laborales

La jornada de protesta coincide con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fecha en la que, según los representantes, se evidencia con mayor claridad la importancia del trabajo que realizan en favor de las víctimas.

Durante la manifestación, Lucía Ortiz, portavoz de los trabajadores, explicó que la medida responde a un conjunto de reclamos que vienen siendo ignorados por el Ministerio de la Mujer. Los profesionales de los CEM, incluidos los que laboran en comisarías, hogares de refugio temporal, Centros de Atención Urgente y el servicio Línea 100.

Entre las principales demandas, los trabajadores reclamaron que sus sueldos permanecen congelados desde el año 2014, pese a que la carga laboral ha aumentado de manera significativa. También alertan sobre brechas salariales dentro del propio programa, donde nuevos puestos en la sede central se convocan con remuneraciones superiores a las de quienes atienden directamente casos de emergencia. A ello se suma el recorte de la caja chica, indispensable para movilizarse, comprar agua, papel y otros insumos básicos en la atención de víctimas de violencia de alto riesgo.

Ortiz detalló que en varios centros existen equipos incompletos y sobrecarga laboral. Como ejemplo, mencionó el caso del CEM en la Comisaría del distrito de San Juan Bautista, donde solo una psicóloga debía cubrir ambos turnos y toda la semana sin apoyo adicional, situación que se repite en distintas sedes de la región. “¿Cómo podemos atender casos de feminicidio, tentativas o violencia familiar si ni siquiera contamos con las herramientas mínimas?”, cuestionó.

También en Pisco

Asimismo, el personal de los Centros Emergencia Mujer y Familia (CEM) en Pisco, también acató la jornada de lucha para exigir mejores condiciones laborales y visibilizar la precariedad con la que desempeñan su labor de atención y protección a víctimas de violencia.

En esta provincia, realizaron una marcha hacia la Plaza de Armas portando carteles y mensajes dirigidos a la ciudadanía, a fin de evidenciar la realidad que enfrentan: sueldos congelados desde 2014, brechas salariales entre la sede central y los servicios territoriales, además de limitaciones logísticas que dificultan la prestación de un servicio oportuno y especializado.

“No se puede combatir la violencia precarizando a quienes atienden a las víctimas”, expresaron representantes sindicales, remarcando que las deficiencias actuales limitan la capacidad de respuesta ante emergencias que requieren inmediatez.

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