Un clima de incertidumbre política se siente por los pasillos de la Municipalidad Provincial de Ica tras ponerse en marcha un proceso de vacancia contra el alcalde Carlos Reyes Roque, situación que ha generado posibles fricciones internas en el Concejo Municipal.

Vacancia en marcha

El tema tomó mayor relevancia pública durante la Primera Ceremonia de Izamiento del Pabellón Nacional del año 2026, realizada en la Plaza de Armas, donde las diferencias entre autoridades quedaron expuestas ante la población.

Durante el acto protocolar, el burgomaestre cuestionó abiertamente a un regidor, a quien acusó de estar interesado en promover su vacancia, aludiendo a una presunta traición interna. En un discurso cargado de mensajes simbólicos, afirmó que defenderá su cargo por la vía legal y que no permitirá que se interrumpa su gestión, al considerar que ello generaría inestabilidad administrativa y el más afectado serían los iqueños.

Según su versión, estos buscarían presionarlo para acceder a demandas que no se encontrarían dentro del marco legal. En ese contexto, ratificó su intención de culminar su mandato y pidió respaldo ciudadano frente a lo que calificó como intentos de desestabilización política.

Desde el otro lado, el primer regidor Epifanio Quispe rechazó dichas acusaciones y sostuvo que su actuación responde estrictamente a la ley. “No se trata de un tema personal, sino de cumplir la Ley Orgánica de Municipalidades”, expresó, precisando que, ante la falta de convocatoria a sesiones por parte del alcalde, la norma le faculta a asumir esa responsabilidad, para evitar eventuales sanciones administrativas.

Quispe precisó además que el Concejo Municipal no define la vacancia de manera definitiva, sino que cumple un rol procedimental, siendo el Jurado Nacional de Elecciones la instancia encargada de emitir una resolución final. En ese marco, confirmó la programación de dos sesiones extraordinarias para el viernes 9, una de adhesión y otra destinada a debatir el pedido de vacancia.

El primer regidor también hizo referencia a presuntas irregularidades administrativas que habrían motivado los pedidos ciudadanos, como la entrega de terrenos municipales sin autorización del pleno del concejo, situación que, a su juicio, debe ser evaluada conforme a ley. No obstante, descartó que exista un interés político personal contra el alcalde.

A este escenario se sumaron las declaraciones del regidor José Escate, quien alertó sobre posibles errores en el procedimiento, especialmente en lo referido a la formalidad de las convocatorias, señalando que estas deberían ser emitidas por la Secretaría General del municipio. Asimismo, expresó su preocupación por la existencia de varios pedidos de vacancia basados en un mismo hecho, lo que consideró jurídicamente cuestionable.

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