Más de 2 años esperan por los familiares de Jesús Bravo Figueroa, tras su deceso por una descarga eléctrica, el pasado 9 de enero del 2020, cuando realizaba trabajos de mantenimiento en las instalaciones del fundo Agrícola La Venta, ubicado en el sector de (Ica).

Deudos exigen justicia

Su esposa Cynthia Muñante Sotelo señaló que el caso se aproxima a los 2 años y un mes y la mencionada empresa no cumple con el pago de indemnización por daños y perjuicios (moral y material), a pesar que el Juzgado Especializado de Trabajo y la Sala Laboral Permanente de Ica han concluido que la empresa debe asumir el pago de los beneficios.

“Hasta hoy no recibo el dinero que es un derecho para mis dos menores hijos de 11 y 13 años, aún así representantes de la agrícola se han apersonado a mi domicilio y me comentan que si me porto bien me van a pagar, y si no tendré que esperar por 10 años, también me comentaron que busco lucrar con el fallecimiento, es un maltrato psicológico”, declaró.

Asimismo, el abogado de la familia, Erick Salcedo Huarcaya, ratificó el incumplimiento del pago de la indemnización y dijo que la agrícola continúa presentando recursos de casación, con el fin de alargar el plazo del proceso judicial. También comentó por este caso, la Sunafil estableció una multa por hasta 200 UIT hacia la empresa, ya que Bravo Figueroa trabajaba con un voltaje mayor a 22 mil 900 voltios y los guantes que supuestamente le entregaron eran de 17 mil voltios como resistencia máxima.

Finalmente, el letrado indicó que la apoderada de la empresa Yirley Miriam Gonzales Salva y Walter Medrano, encargado del área de recursos humanos de la agrícola, no establecen acuerdos en beneficio de los familiares, por lo que la empresa continúa presentando recursos de apelación ante la Corte Suprema de Justicia.