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Fiscalía ya tiene informe que detecta irregularidades en compra de camionetas

Nueve regidores provinciales entregan informe de la Contraloría General de la República al Ministerio Público que establece “presunta responsabilidad penal” del alcalde y del comité de licitación en compra de 10 camionetas y motocicletas. Procuraduría Municipal también debe remitir el documento
Fiscalía ya tiene informe que detecta irregularidades en compra de camionetas

Fiscalía ya tiene informe que detecta irregularidades en compra de camionetas

10 de Febrero del 2017 - 10:41 » Textos: H. Aldoradín » Fotos: Difusión

Con la firma de nueve regidores provinciales, se presentó ante el Ministerio Público el Informe de Auditoría Nº 717-2017, emitido por la Contraloría General de la República, respecto a la compra de las 10 camionetas y 25 motocicletas como parte del proyecto de “creación de la plataforma de voz, data y video para el servicio de Seguridad Ciudadana del distrito de Ica”.

El documento que ingresó a la fiscalía, pasado el mediodía, dice que las conclusiones del informe señalan “hechos que han afectado la imparcialidad y transparencia con la que debe actuar un servidor o funcionario público en la realización de las contrataciones en las que participa en representación del Estado”.

La Municipalidad Provincial de Ica adquirió las unidades a la empresa RGR Equipos y Maquinarias EIRL que inició sus actividades el 1 de abril del 2015.

Según el informe al que accedió Correo, existe un perjuicio económico de 144 mil 700 soles y la “presunta responsabilidad penal” alcanza hasta el alcalde provincial Carlos Ramos Loayza y los funcionarios Gustavo Enrique Ponce Farfán (presidente del comité especial), José Luis Escobedo Calderón (subgerente de Seguridad Ciudadana), José Felipe Tipacti Torres (subgerente de Logística e Informática) y María Adelma Tenorio de Campos (subgerente de Logística e Informática del 2 de mayo al 21 de diciembre de 2016).

Entre las irregularidades detectadas está que el alcalde recepcionó las tarjetas de propiedad y placas de rodaje con 192 días de retraso y la Municipalidad Provincial no aplicó ninguna penalidad por la demora.

En el documento enviado, los regidores han señalado que el perjuicio inicia al haberse “elaborado y aprobado bases administrativas estableciendo factores de evaluación cuyas características técnicas sólo ofertaba una empresa, otorgando la buena pro, aceptando la pro, aceptando propuesta técnica variando las condiciones contractuales, recepcionando bienes que no cumplían con las especificaciones técnicas ofertadas y devolviendo la garantía de fiel cumplimiento pese a que el contratista no cumplió a cabalidad con la prestación dentro del plazo contractual”.

IRREGULARIDADES. El informe señala, además, que hubo favoritismo en el proceso de licitación para que la recién creada y sin experiencia en el rubro RGR Equipos y Maquinarias EIRL se adjudicara la compra.

Añade el documento que “existen probadas conductas que han transgredido la Ley de Contrataciones del Estado y que necesariamente deben ser investigadas” por existir la “direccionalidad para ganar la adjudicación, elaboración arbitraria de bases administrativas de licitación, transgresión a los principios de libre concurrencia”. Además, dicen que hubo imparcialidad en el proceso de licitación y transparencia, irregular admisión y calificación de propuestas, suscripción de actas de recepción de vehículos sin que cumplan las especificaciones técnicas, “elaboración de puntajes antojadizos”. El pasado viernes 3 de febrero se realizó la sesión extraordinaria para tomar acuerdos respecto a la propuesta del organismo de control que sea visto por el Concejo Municipal y se acordó de forma unánime que el informe sea derivado al Ministerio Público.

Además, el informe será remitido al Ministerio de Justicia y la decisión adoptada por los regidores será enviada a la Contraloría General de la República. En la próxima sesión, la Procuraduría Municipal debe mostrar las copias de los cargos de recepción que indiquen que el informe del organismo de control fue remitido al Ministerio Público.