El gobierno encabezado por José María Balcázar dispuso declarar el estado de emergencia por un periodo de 60 días en la provincia de Pisco, ubicada en la región Ica, con el objetivo de reforzar las acciones contra la delincuencia y restablecer el orden público en la zona.

Durante la vigencia de la medida, la Policía Nacional del Perú asumirá el control del orden interno y contará con el apoyo de las Fuerzas Armadas del Perú. Las autoridades también definirán las áreas específicas donde se realizarán intervenciones de seguridad.

El decreto contempla la suspensión o limitación de algunos derechos constitucionales, entre ellos la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito y de reunión, así como la libertad y seguridad personales. Además, las actividades públicas masivas —sean religiosas, culturales o deportivas— deberán contar con autorización previa de las autoridades competentes, mientras que los eventos no masivos podrán desarrollarse sin ese requisito.

La norma también establece que el Comité Regional de Seguridad Ciudadana de Ica, el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana de Pisco y los comités distritales mantendrán sesiones permanentes durante el periodo de emergencia. Las fuerzas integradas —con participación de la Policía, apoyo militar y Serenazgo— realizarán patrullajes, control territorial en zonas críticas y operativos de identificación, además de incautaciones de armas, municiones y explosivos ilegales. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 038-2026-PCM publicado en el diario oficial Diario Oficial El Peruano.