La Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público detuvieron la madrugada del sábado a 14 presuntos integrantes de la organización criminal “Los crueles de La Palma” de Ica, que operaba bajo la modalidad de los créditos “gota a gota”, ofreciendo dinero rápido y sin garantías ni avales en esta zona del país.

De acuerdo con las investigaciones policiales, la red criminal operaba en Ica desde el año 2016 y sus integrantes estarían implicados en los delitos contra la tranquilidad y la paz pública (organización criminal, marcaje y reglaje); contra la vida, el cuerpo y la salud (lesiones graves); contra la libertad (secuestro); contra el patrimonio (hurto, receptación y robo agravado, extorsión); contra la seguridad pública y peligro común (tenencia ilegal de armas de fuego); contra la confianza y la buena fe en los negocios (usura), entre otros.

La operación a cargo de la División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac) se ejecutó en simultáneo en las ciudades de Ica y Pisco, y contó con la participación de 342 efectivos policiales, 70 vehículos, una ambulancia y 24 fiscales especializados en crimen organizado.

Durante el operativo fue capturado Aldo Lloclla Jáuregui (30), (a) “Aldo”, síndicado como el cabecilla de la organización criminal, además de su madre y hermanos que formaban parte del clan. Entre los intervenidos también figuran otras 12 personas más.

Según el organigrama criminal, la red delictiva contaba con seis dirigentes contables y 12 integrantes ejecutores de cobranza, protección, seguridad y contención.

Esta organización criminal, para ganar la confianza de sus víctimas, ofrecía préstamos desde 500 a 2000 mil soles con montos de pagos de 20 y 30 soles diarios.

Les entregaban una tarjeta de cartulina denominada “control de pago diario”, para el registro y marcado de los días de pago, conforme al calendario fijado. Sin embargo, una vez realizado el préstamo, modificaban y alteraban arbitrariamente los montos de pago para luego obligarlos a asumir otras deudas de crédito.

Sus principales víctimas eran personas que no calificaban como prestatarios en entidades bancarias o financieras. La mayoría de ellas ejercían oficios como taxi - colectivo o pequeños comerciantes.

Cuando las víctimas no pagaban a tiempo “sus cuotas” eran llevadas contra su voluntad y a viva fuerza a uno de los inmuebles de la organización criminal donde habrían sido torturados con descargas eléctricas. Muchos de los prestatarios fueron atendidos de emergencia en el Hospital Regional de Ica o en clínicas particulares, por la gravedad de sus lesiones.

Asimismo, esta organización criminal ingresaba violentamente a los domicilios de sus víctima para robarles teléfonos celulares, dinero en efectivo, artefactos electrodomésticos, autorradios, parlantes, en algunos casos, inclusive, sus vehículos con que laboraban.

La organización habría acumulado una cuantiosa cantidad de dinero en efectivo, el mismo que fue reinvertido en el mismo negocio delictivo, así como en otros negocios de apariencia lícita destinados al lavado de activos, como el caso de restaurantes, cevicherías y otros.