El presidente de la Junta de Usuarios de La Achirana, Arturo Ramos, rechazó las acusaciones de favorecer a empresas agroexportadoras con la reciente llegada de aguas de avenida. Por el contrario, informó sobre la detección y clausura de conexiones clandestinas realizadas a fundos.

Acción inmediata

Ramos indicó que se ha notificado a la Administración Local del Agua (ALA) sobre estas irregularidades para que las empresas involucradas sean sancionadas. Según el dirigente, el uso ilegal de agua estaba afectando seriamente a los pequeños agricultores que necesitan estas reservas para garantizar el desarrollo de sus cultivos y evitar pérdidas económicas significativas.

Además, el presidente destacó el déficit de agua en la región debido a la reducción del caudal proveniente del Proyecto Especial Tambo Ccaracocha (PETACC). Señaló que el volumen de agua enviada desde el lago Choclococha ha disminuido progresivamente, pasando de 14 metros cúbicos en 2022 a solo 10 metros cúbicos este año. Este volumen se distribuye entre Choclococha (8 m³) y Ccaracocha (2 m³), llegando a la bocatoma con apenas 6 m³, lo cual es insuficiente para cubrir las necesidades de la Junta del Río y la Junta de La Achirana.

La llegada de las aguas de avenida ha servido como alivio para los regantes que enfrentan escasez hídrica, permitiéndoles mantener la productividad de sus cultivos. Sin embargo, Ramos advirtió que la reducción del caudal continuará en los próximos años si no se toman medidas adecuadas, como garantizar la capacidad de almacenamiento del lago Choclococha y esperar mejoras en las temporadas lluviosas.

El representante de la Junta de Usuarios aseguró que las aguas de avenida permitirán regar cultivos de pequeños agricultores en sectores como Chanchamayo, en el distrito de Los Aquijes, hasta Santiago, cubriendo un canal de aproximadamente 18 kilómetros. Asimismo, hizo un llamado a las autoridades para priorizar la gestión eficiente del agua y evitar futuras crisis.

Finalmente, Ramos expresó su compromiso con los agricultores y enfatizó que continuarán trabajando para detectar y sancionar conexiones clandestinas que perjudiquen a los regantes. También insistió en la necesidad de implementar políticas hídricas sostenibles para mitigar el impacto de la reducción del agua en la región.

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