Desde las primeras horas de la madrugada del viernes 28 de febrero, un megaoperativo policial se desplegó en distintos puntos de la provincia de Ica, con el objetivo de desarticular una presunta organización criminal dedicada a la tramitación ilegal de licencias de conducir. El operativo, liderado por la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC) y el Grupo Especial contra el Crimen Organizado (Grecco) de Lima, logró allanar un aproximado de 32 viviendas, oficinas e instituciones.

Operativo anticorrupción

Entre los inmuebles intervenidos figuran la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ica (DRTC-Ica), la municipalidad distrital de Los Aquijes, clínicas y viviendas de funcionarios, tramitadores y abogados supuestamente involucrados en la red delictiva. De acuerdo con las primeras informaciones, el caso involucra a servidores públicos y particulares que habrían facilitado la obtención fraudulenta de licencias de conducir entre los años 2021 y 2024, mediante pagos irregulares.

El operativo contó con la participación de 36 fiscales especializados y 218 efectivos policiales provenientes de Lima, quienes ejecutaron las diligencias simultáneamente en los distritos de Ica, Parcona, La Tinguiña, San Juan Bautista, Subtanjalla y Los Aquijes.

Según las autoridades, la organización criminal “Los Acelerados del Sur” operaba captando a ciudadanos interesados en obtener licencias de conducir de manera ilegal, gestionando los documentos a cambio de sobornos. La red contaría con la participación de exdirectores de la

DRTC-Ica, así como de tramitadores, abogados y clínicas encargadas de realizar los exámenes médicos necesarios para la emisión del brevet.

Las pesquisas apuntan a 27 personas que habrían participado en esta estructura delictiva, incluyendo a Kenia Dongo, exjefa de transportes de la DRTC-Ica durante la gestión de Amoroto. Las autoridades han identificado un modus operandi basado en la manipulación de expedientes y la emisión irregular de licencias a cambio de pagos ilícitos.

El Ministerio Público ha detallado que el operativo se ejecutó en el marco de la investigación por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho pasivo propio y cohecho activo genérico y tráfico de influencias, que involucran a funcionarios y civiles. Los fiscales han solicitado el levantamiento del secreto de las comunicaciones y la incautación de documentación relevante para el caso.

Además de las viviendas y oficinas allanadas, las autoridades intervinieron clínicas y escuelas de conductores presuntamente implicadas en la red. La Policía Nacional informó que entre los objetos incautados figuran documentos, computadoras y celulares que podrían aportar pruebas clave en la investigación.

Como medida preventiva, la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ica anunció la suspensión temporal de sus actividades hasta nuevo aviso, mientras se llevan a cabo las investigaciones. La entidad se comprometió a colaborar con la justicia y exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a futuros comunicados.

El megaoperativo ha generado un gran impacto en la población de Ica, donde cientos de ciudadanos se han visto afectados por la paralización de trámites en la DRTC. Asimismo, este caso pone en evidencia la profundidad de la corrupción en la administración pública y la necesidad de medidas más estrictas para evitar la proliferación de redes delictivas en el sector transportes.

Las autoridades han asegurado que las investigaciones continuarán con el objetivo de identificar a todos los responsables y esclarecer el alcance de esta red de corrupción. En los próximos días se espera que se dicten medidas cautelares contra los presuntos implicados, lo que podría incluir detenciones preventivas y restricciones para el ejercicio de funciones públicas.

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