Un perjuicio económico por encima de los 3 millones 800 mil soles ha sido detectado la Contraloría General en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Se indica que la UNICA pagó una retribución económica sin sustento legal en beneficio de sus funcionarios y personal administrativo. Además, aceptó una deuda que le impuso el Seguro Social de Salud (EsSalud) sin verificar que no había incumplido con la aportación de sus trabajadores y desembolsó dinero a una proveedora por un servicio que no se prestó.

Informes de control

Se emitieron tres informes de control, donde se detallan múltiples hechos irregulares en la casa superior de estudios, que causaron un perjuicio económico en la entidad que asciende a 3 millones 869 mil 351 soles.

La Contraloría precisó sobre el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 022-2024-2-0208-AC, la Ley N° 30879 que aprueba el presupuesto del sector público para el año fiscal 2019 determinó que las universidades públicas están prohibidas de reajustar o incrementar las remuneraciones o beneficio de cualquier naturaleza.

Pese a ello, en la gestión del exrector de la UNICA, Dr. Anselmo Magallanes Carrillo, funcionarios y servidores de la entidad procedieron con la aprobación de una retribución económica y de su reglamento en beneficio de autoridades, directores generales, funcionarios y administrativos con buen rendimiento y productividad de la universidad. Estos pagos se realizaron de enero a diciembre (excepto julio) por un total de S/ 3 millones 362 mil 227.

Cada mes se daban montos de certificaciones de crédito presupuestario, que oscilaban desde los 286 mil soles hasta los 372 mil soles de manera mensual. Se halló presunta responsabilidad civil en el exrector de la UNICA, Magallanes Carrillo, y también en Marty Raymundo Alarcón Quispe, Ruth Asela Saravia, Fredy Yonel Calderón Ramos, Epifanio Huamani Licas, Martha García Wong, Luisa Vargas Reyes, Rosario Bendezú, Benito Díaz López, todo ellos miembros del Consejo Universitario, de igual modo la presunta responsabilidad civil alcanza a directores de distintas oficinas de tesorería, administración, contabilidad y otros.

También se reveló el Informe de Control Específico N° 020-2024-2-0208-SCE. En esta documentación se explica que la universidad se acogió el 28 de abril del 2022 al Régimen General de Facilidades de Pago para Deuda No Tributaria (REFADENT) interpuesto por EsSalud, bajo el argumento de que incumplió con el pago total y oportuno de las aportaciones al régimen de la seguridad social correspondiente a los meses de febrero 2013 y enero 2014.

La comisión de control constató que la entidad sí cumplió con sus aportaciones en los meses en mención. Le correspondía a la entidad verificar, en su momento, que sí cumplió con sus obligaciones. Por el contrario, aceptó el fraccionamiento de la supuesta deuda, que con los respectivos intereses, generó un perjuicio económico de S/ 467 mil 624.

Responsabilidad penal

El último Informe de Control Específico N°021-2024-2-0208-SCE señala que la UNICA pagó a una proveedora por un servicio que consistía en contabilizar los bienes operativos en calidad de excedente de las facultades y sedes de la universidad, hacer un inventario, elaborar un informe técnico y actualizar los diferentes aplicativos de los sistemas patrimoniales de los años 2021 y 2022.

Se corroboró que dicha proveedora solo presentó un informe diferente a lo solicitado (reporte de equipos inoperativos) y que no existe documentación que acredite que visitó las facultades y sedes de la universidad. Pese a ello, se le dio la respectiva conformidad y se le pagó por un servicio que no prestó en enero del 2023. Dicha situación provocó un perjuicio económico de 39 mil 500 soles.

Para este último informe se halló presunta responsabilidad penal en Juana María Carrasco Mejía, directora de la Oficina de Control Patrimonial y Margesi de Bienes, también en Roberto Angulo Quispe, quien es el jefe de la Unidad de Abastecimiento.

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